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La propuesta de ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua, que impone sanciones al Gobierno nicaragüense por señalamientos de violaciones a los derechos humanos y por actos de corrupción, fue aprobada este martes en el Senado de Estados Unidos, confirmó la excongresista Ileana Ros-Lehtinen.

La iniciativa, que es una fusión entre la Nica Act propuesta por la excongresista con otra presentada por el senador Bob Menéndez, se aprobó por unanimidad en la Cámara Alta estadounidense.

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Esta iniciativa "busca imponer sanciones adicionales a funcionarios del régimen en Nicaragua", dijo la excongresista.

Durante las protestas en Nicaragua

El proyecto de ley también sanciona a los cooperadores del gobierno en actos de violación a los derechos humanos y de corrupción.

Ahora pasará al Congreso y, de ser aprobada por este, deberá ser sancionada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, para convertirse en ley.

Este proyecto ha sido aprobado el mismo día en que el propio Trump firmó una ley que declara emergencia por la respuesta que dio el Gobierno de Nicaragua en contra de los ciudadanos protestantes.

También coincide con una sanción que emitió el Departamento del Tesoro en contra altos funcionarios nicaragüenses.

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De acuerdo con Menéndez, los puntos clave del proyecto de ley son el apoyo a una solución negociada para la crisis de Nicaragua que incluye el compromiso de celebrar elecciones anticipadas que cumplan con los estándares democráticos y el cese de la violencia; sanciones dirigidas contra funcionarios del gobierno nicaragüense responsables de violaciones de Derechos Humanos, corrupción o socavamiento de procesos democráticos; restricciones a los préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua, con la excepción del financiamiento continuo para proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas del pueblo nicaragüense.

Protestas realizadas en Nicaragua

Además, se prevé una exención anual que levantaría el requisito de imponer sanciones si el Departamento de Estado logra certificar que el gobierno nicaragüense está tomando medidas para celebrar elecciones democráticas, mejorar las condiciones de los Derechos Humanos, combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho.

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Asimismo, un aumento de los informes de la comunidad de inteligencia sobre el papel de los funcionarios nicaragüenses en la corrupción y las violaciones de los Derechos Humanos, y el otorgamiento de armas a las fuerzas de seguridad nicaragüenses.