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Tras el anuncio de las sanciones de Estados Unidos contra altos funcionarios de Nicaragua, La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió un comunicado en el cual insistió que la única vía para una solución a la crisis socio política en Nicaragua “es el diálogo nacional, con garantes internacionales como lo hemos dicho en repetidas ocasiones”.

“Esperamos que las funestas consecuencias del aislamiento internacional que sufrirá Nicaragua haga reflexionar a los gobernantes para que, deponiendo sus egoísmos personales, piensen en la patria y se reinstale a la brevedad posible el diálogo”, señala el comunicado de la Alianza Cívica.

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La agrupación considera que “la reacción internacional tiene su origen en la desmedida represión gubernamental que lleva más de 400 muertos, casi 600 personas detenidas de forma arbitraria y más de mil heridos”.

Además la Alianza Cívica plantea que “las sanciones no son el resultado del intervencionismo extranjero, sino que son respuestas de una comunidad internacional que no puede quedarse indiferente ante tanta represión y muerte”.

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“Las sanciones son medidas extremas ante acciones extremas de injusticia perpetradas por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ésta última señalada directamente por las sanciones como importante responsable”, indica el comunicado divulgado este miércoles.

La Alianza Cívica reitera que “el único responsable de este conflicto y de las consecuencias futuras es el Gobierno de Nicaragua que ha violentado la constitución, las leyes, la institucionalidad, los derechos humanos, que ha fomentado la corrupción, que ha pretendido instaurar una dinastía basada en el abuso de la autoridad, la violencia y el miedo”, finaliza el comunicado.

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Con la Orden Ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declara emergencia nacional por la represión en Nicaragua, el Departamento del Tesoro anunció sanciones financieras a la Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo y al asesor en seguridad de la Presidencia, Néstor Moncada Lau.

El Tesoro estableció, en un comunicado, que estas sanciones se deben a graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas ciudadanas iniciadas en abril y contemplan el bloqueo de toda propiedad o transacción que se ejecute dentro de su jurisdicción y que implique o beneficie a los dos funcionarios sancionados.