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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló este jueves, durante su 170 periodo de sesiones, que la escalada represiva del Gobierno de Nicaragua contra los opositores y medios de comunicación “ha instalado un régimen de terror y la supresión de todas las libertades”.

Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, afirmó que la gravedad de la situación en Nicaragua se ve reflejada en que “no hay un día que no reciba una denuncia sobre violaciones a los derechos humanos”.

Abrao resaltó que los nicaragüenses no viven en plena libertad, y han constatado que hay “un ambiente de restricción de sus derechos”. 

Agregó que la CIDH, en los últimos ocho meses de crisis social, ha analizado “fases de la represión”, y a la de los últimos meses la han llamado “Estado policíaco”.

El secretario ejecutivo de la CIDH explicó que la instalación de un estado policíaco se da cuando “todas las reglas y los derechos fundamentales de los humanos se restringen sin fundamento legal, sin fundamento judicial, por medio de decretos de sistemas de seguridad o por medio de la Policía Nacional, todo sin que haya algún tipo de regulación judicial de estos actos de la administración pública que restringen contenidos esenciales a los derechos humanos”.

La CIDH señala que en Nicaragua “el estado de derecho está deteriorado, pues vemos que la Policía está prohibiendo las manifestaciones, se restringe la propiedad privada, se usa la ley de terrorismo para criminalizar; esa caracterización, para nosotros cada vez está más clara para seguir de cerca la situación de Nicaragua”, dijo Abrao.

El gobierno de Nicaragua no asistió a la sesión de la CIDH de este jueves.

Piden acceso

La comisionada Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua de la CIDH, resaltó que aunque el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) esté operando en el país, siempre es importante que se presenten ambas partes para completar informaciones.

Urrejola aprovechó su intervención para solicitar al Estado de Nicaragua, que les permita cumplir el mandato al que fueron enviados, admitiéndoles el ingreso a sistemas penitenciarios, a juicios en contra de manifestantes y el acceso a información estatal necesaria para sus informes.

José Gómez, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), resaltó que uno de los principales problemas de Nicaragua es que está imperando la “represión extrema” a la crítica. 

Agregó que los resultados de la “represión” se ven en los más de 300 manifestantes fallecidos, más de 200 profesionales despedidos y más de 600 manifestantes apresados en los últimos ochos meses.

Estado ausente

A la audiencia de la CIDH asistieron como invitadas las organizaciones de derechos humanos, que expusieron situaciones de violencia y represión de abril a diciembre de este año.

También el Gobierno de Nicaragua fue invitado a la audiencia, sin embargo, no se presentó. La justificación estatal, enviada a los representantes de la CIDH, indica que no había necesidad de realizar una audiencia porque el organismo ya tiene una forma de monitorear con el Meseni.

Los representantes de la sociedad civil nicaragüense denunciaron que, a raíz del estallido social de abril por las fallidas reformas a la seguridad social, en Nicaragua no se permiten espacios de críticas y no se garantizan los derechos básicos de una nación democrática.

Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), enfatizó que las violaciones también se perciben en las detenciones de personas que protestan, y que “se han vuelto una práctica común en la que los familiares no son informados de las detenciones, ni del motivo de estas”.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, denunció que todas las personas detenidas se mantienen sin acceso a abogados, se presentan testigos falsos en los juicios, se les niega atenciones médicas, no se les garantiza sus derechos y su dignidad y son aislados en espacios insalubres.

La sociedad civil nicaragüense solicitó a la representación de la CIDH que insistan al Estado de Nicaragua que “detenga la represión contra la población, que permita al Meseni realizar su labor sin restricciones, autorice a familiares y defensores para que tengan acceso a los procesos judiciales y visitas en las cárceles”. 

Además, le requirieron que realice visitas periódicas dirigidas por los relatores especiales.

La CIDH se comprometió a continuar registrando la situación de los derechos humanos en Nicaragua, resaltando que les preocupa, especialmente, la realidad de los manifestantes detenidos y la falta de garantías al debido proceso.