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La próxima semana el congreso de Estados Unidos aprobará las enmiendas a la ley conocida como Nica Act y luego pasaría a manos del presidente Donald Trump para que la firme, informó la excongresista Ileana Ros- Lehtinen.

A través de su cuenta de Twitter, Ros-Lehtinen confirmó que "la próxima semana la Cámara (de representantes de EEUU), finalmente va a pasar mi Nica Act y enviarla al presidente (Trump) para su firma".

La excongresista republicana agregó que "así pondremos sanciones adicionales hacia (Daniel) Ortega y sus tíreres, por más de 10 años de abuso, corrupción y desmantelamiento de instituciones democráticas en Nicaragua".

El 27 de noviembre pasado el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua, la cual establece las enmiendas a la Nica Act impulsada por Ros-Lehtinen y otros senadores demócratas y republicanos.

Una vez pasada la ley al presidente Tump, este tendrá diez días para rubricarla, y lo que él firmaría será una fusión entre la Nica Act y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, que fue impulsada por separado por el senador demócrata Bob Menendez.

Se presume que el proceso para la firma de Trump sea expedito, luego que el mandatario se anticipara a este proyecto de ley y emitiera un decreto ejecutivo en el que declara como emergencia nacional para EEUU ante las acciones que tomó el Gobierno de Nicaragua contra quienes protestaban durante las manifestaciones desatadas desde abril pasado.

Como una reacción inmediata al decreto ejecutivo de Trump, el departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo y al asesor de seguridad nacional del gobierno de Nicaragua, Néstor Moncada Lau.

La Nica Act establece que los EEUU ejercerán su influencia en organismos financieros multilaterales para que se congelen préstamos para el Gobierno de Nicaragua hasta que haya cambios orientados al establecimiento de la democracia y fortalecimiento de las instituciones, que incluye la independencia de los poderes del Estado, en este caso el poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral.

Parte de los componentes a dicha ley son: Apoyo a una solución negociada para la crisis en Nicaragua que incluye la celebración de elecciones anticipadas, sanciones dirigidas contra funcionarios del gobierno nicaragüense, responsables de violaciones a los derechos humanos, corrupción y socavamiento de la democracia.

También incluye que las medidas contra el Estado de Nicaragua se levantarían si el Departamento de Estado de los EEUU logra certificar que el gobierno de  Nicaragua aplica medidas para la celebración de elecciones democráticas.