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Más de cien ciudadanos peruanos que residen en Nicaragua han sido convocados para participar este domingo en un referéndum con el cual se somete a consulta una serie de reformas políticas y judiciales en el país suramericano.

Pablo Zárate, jefe de la sección consular de la embajada peruana en Nicaragua, explicó que Managua es una de las 1,339 ciudades a nivel mundial en las que se realiza la consulta.

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De acuerdo al diplomático, actualmente 168 ciudadanos peruanos están aptos para ejercer su voto en la sede de la embajada, y estos son consultados sobre cuatro aspectos puntuales: la formación de una Junta Nacional de Justicia, el control de la financiación de los partidos políticos, la no reelección inmediata de los congresistas y la conformación de un parlamento con las cámaras de senadores y diputados.

La realización de esta consulta fue propuesta por el mandatario peruano Martín Vizcarra a finales de julio pasado. Foto: Oscar Sánchez/END

“El proceso para votar en el referéndum se cierra hoy a las cuatro de la tarde, y los resultados de la participación se enviaran lo más pronto posible a Lima”, explicó Zárate.

El proceso de votación

En la embajada del Perú en Managua, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dispuso la instalación de la mesa electoral número 701-986 integrada por tres miembros titulares y sus respectivos suplentes.

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Cada ciudadano peruano residente en el país en edad de votar (al menos 18 años), está inscrito en el padrón electoral que contiene la identificación del elector con su fotografía, posteriormente se le entrega una boleta que contiene las cuatro preguntas que integran el referéndum, pasa a un espacio destinado para ejercer el voto.

“Únicamente se considera válido el voto marcando con una equis o un signo de más en el cuadro correspondiente a la respuesta de cada pregunta”, dijo Eduardo Carranza, presidente de la mesa electoral.

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Posteriormente se realiza un conteo y validación de los votos, que son registrados en un reporte que se comparte con el ONPE.

La realización de esta consulta fue propuesta por el mandatario peruano Martín Vizcarra a finales de julio pasado, tras descubrirse una gran red de corrupción en la judicatura, lo que llenó de indignación a la población escandalizada por el impacto en las altas esferas del país del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica.