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Con testimonios sobre la represión gubernamental y bajo asedio policial, organizaciones nicaragüenses conmemoraron este lunes el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde presentaron informes que consideran a la Policía Nacional como la principal institución violadora de los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos.

Karla Sequeira, coordinadora del área legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), reveló que este año recibieron 3,501 denuncias, que en comparación con las 844 recibidas en 2017, representa un incremento mayor de 400%.

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De las 3,501 denuncias, 3,015 (86%) fueron en contra de la Policía, mientras el año pasado solo hubo 280 casos de violaciones de derechos humanos contra policías.

La CPDH  contabiliza 327 personas muertas y que aún hay al menos 600 detenidos, la mitad bajo proceso judicial.

Sequeira explicó que esto se debe a las acciones de irrespeto a los derechos fundamentales de la población, que por el simple hecho de expresar su pensamiento y su posición hacia el Gobierno han sufrido agresiones, prisión y condenas.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contabilizó 3,126 denuncias, de las cuales 2,715 (el 86.8%) se registraron desde el 18 de abril hasta el 30 de noviembre, propiamente en el marco de las protestas.

Sin espacios

El representante en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alexander Álvarez, calificó de lamentable la actitud del Gobierno porque ha cerrado todos los espacios de manifestación pública.

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“Seguimos muy preocupados por la situación que observamos hoy día, donde sencillamente no es posible desarrollar ninguna forma de manifestación pública, lo que claramente viola los derechos humanos. Si se atiende la cantidad de víctimas fatales, uno puede aclarar y sostener que esta es una de las peores crisis en derechos humanos en el continente en los últimos 30 años. La verdad es que de eso no hay ninguna duda”, dijo Álvarez.

El jefe de la misión de la CIDH enfatizó que hace falta justicia, reparación de daños y garantías para que no se repita esta situación pendiente. 

“Cuando no existe posibilidad de tener cifras oficiales con mayor o menor rigor, todas las cifras están pendientes en aclararse. Las cifras que maneja la CIDH sobre personas fallecidas son 325”, comentó Álvarez, quien resaltó que no se ven acciones serias en las investigaciones que supongan una adecuada impartición de justicia.

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Este año, la Policía prohibió a las organizaciones de derechos humanos marchar por las calles de la capital, y este lunes patrullas policiales se apostaron frente a las  instalaciones del Cenidh y CPDH para impedir cualquier manifestación en la vía pública.