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Según denuncias recibidas en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), 17 personas, , fueron trasladados la mañana de este martes de las celdas de Auxilio Judicial (DAJ) a las del sistema penitenciario de Tipitapa, Jorge Navarro, mejor conocida como “La Modelo”. Cinco de las 17 personas trasladadas no han sido acusados en los juzgados.

Las denuncias fueron interpuesta por familiares de algunas personas detenidas por participar en las protestas contra el gobierno y el gobierno las califica de terrorismo.

El licenciado Braulio Abarca, abogado del Cenidh, señaló que agentes policiales realizaron el traslado a eso de las 5 de la mañana, y la queja es porque algunos de ellos todavía no están formalmente acusados, ni tienen abierta una causa judicial, por lo tanto se considera una acción irregular y no apegada a los procedimientos.

“Ellos fueron presentados por la Policía en días atrás, y desde ahí los señalan por supuestos delitos como terrorismo, pero no existe una acusación formal, por lo cual no deberían ser llevados a una penitenciaría. No cumplen con ese procedimiento, así que aceptarlos en el sistema penitenciario es una violación a sus derechos, ya que es (el penal) para condenados y procesados”, alegó Abarca.

Derechos vulnerados

Destacó que el Cenidh conoció del traslado de José Ramón González, el estudiante de la Universidad Nacional Agraria; Hamilton Francisco Hernández Montalván, de Matagalpa; Hamilton Javier Sánchez Quiroz, de Chinandega; y aún está por ser confirmado, el traslado de Alfonso José Morazán Castillo, de 57 años.

Destacó que hasta el momento no han tenido acceso a todos los nombres de las personas enviadas a La Modelo sino sólo a través de las denuncias de los familiares.

“Esto violenta el debido proceso, vulnera sus derechos humanos y las garantías mínimas legales que determina el Código Penal de Nicaragua. Esta situación incrementa aún más la ya grave crisis de derechos humanos y humanitaria, una muestra más de la represión, la falta de independencia de la Policía, como de los juzgados y el Ministerio de Gobernación”, argumentó Abarca.

El abogado señaló que darán apoyo legal a los familiares y como organización de derechos humanos se mantendrán vigilantes ante estos abusos y se informará a las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional.