• Managua, Nicaragua |
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  • EFE

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) rechazó hoy las razones por las que la Asamblea Nacional decidió quitarle la personería jurídica y afirmó que sus integrantes seguirán defendiendo los derechos de las personas.

"Rechazamos categóricamente que estemos ilegales, no vamos a dejar flotando en el ambiente ninguna afirmación antojadiza en la cual se nos quiera implicar, ni siquiera en el intento, de una comisión de un acto al margen de la ley", dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, en conferencia de prensa.

La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del Cenidh con el argumento de no que no tenía junta directiva y no entregaba sus estados financieros, no obstante, Núñez mostró documentos que contradicen la versión de los diputados oficialistas.

Según la presidenta del Cenidh, el director de Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias, se negó a recibir los documentos, "porque ya estaban dispuestos a cancelar la personalidad jurídica".

Núñez, quien resaltó que los diputados sandinistas "no tienen propiedad" para calificar su trabajo, afirmó que en el Cenidh "estamos preparados para enfrentar y rechazar cualquier acción arbitraria, cualquier atropello, cualquier invasión a las instalaciones físicas".

Vilma Núñez, una activista de 80 años de edad, reiteró su "compromiso" de seguir defendiendo los derechos humanos "hasta que mi fuerza física me lo permita", afirmó. Rafael Lara/ END

De esta forma, ya son cuatro los ONG que en las últimas dos semanas han sido despojados de su personería jurídica por los diputados sandinistas, que son mayoría en el Poder Legislativo, argumentando que todos forman parte de un intento de golpe de estado para derrocar al Gobierno de Nicaragua.

Previo a la anulación de la personería jurídica del Cenidh, la mayoría oficialista parlamentaria aprobó cancelar también la personería jurídica del organismo Hagamos Democracia, que preside Luciano García.

El pasado 29 de noviembre la Asamblea Nacional anuló la personeria jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), que dirigía la feminista Ana Quirós, quien tres días antes había sido expulsada hacia Costa Rica, por órdenes del gobierno de Nicaragua.