• Managua, Nicaragua |
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  • EFE

El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, denunció hoy que su familia fue blanco de un intento de extorsión millonaria, de grupos enviados por el Gobierno nicaragüense.

El intento de extorsión habría ocurrido varios meses atrás, cuando un grupo de tomatierras pidió a la familia de Healy un monto no especificado en millones de dólares, a cambio de abandonar sus propiedades agrícolas invadidas en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

"No estamos dispuestos a pagar ningún precio por un derecho que tenemos (tierras agrícolas), ahí están parapolicías y todo el mundo sabe especialmente quién dio la orden, ustedes saben que quien dio la orden fue el mismo Gobierno", dijo Healy a periodistas.

El presidente de Upanic (primero de derecha izquierda) Michael Healy, acompañó al presidente del Cosep, José Adán Aguerri, durante la conferencia donde empresarios nicaragüenses dejaron sentada su posición ante el gobierno de Nicaragua, para salir de la crisis sociolítica. Melvin Vargas/ END

El empresario agricultor no quiso especificar el monto solicitado por los extorsionistas, pero insistió en que no caería en la propuesta.

"Ha sido una lucha, sabemos nosotros que no está en manos de los que están en las tierras de nosotros los productores, está en manos
de los que dieron la orden de que se metieran", afirmó Healy.

De acuerdo con Upanic los tomatierrras han afectado a unos 65 empresarios con invasiones a la propiedad privada, y actualmente ocupan unas 5,400 manzanas (7,780 hectáreas).

Los tomatierras ocupan de forma ilegal miles de hectáreas desde abril pasado, bajo la promesa de que el Gobierno legalizaría sus lotes, aseguraron en su momento los invasores, quienes se identificaban con fieles al actual Gobierno.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó a fines de noviembre pasado que el 94 por ciento de las propiedades habían sido devueltas, pero ese dato no coincide con las cifras que maneja la Upanic.

El conflicto se da en medio de una crisis que, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 “presos políticos”, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.