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El sector privado nicaragüense solicitará permiso a la Policía Nacional para convocar a una marcha en una fecha aún no determinada, como un mecanismo para exigir que se respete el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. 

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, explicó que el equipo jurídico de esta cúpula empresarial evalúa la situación legal para dirigir la solicitud a las autoridades. 

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El Cosep espera que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) se sumen a esta solicitud.

“En este momento, lo que tomamos es la posición del Cosep de convocar a esa marcha. Estamos solicitando que las juntas directivas de AmCham y Funides tomen en cuenta esta petición para que vayamos todos juntos (a la marcha), vamos a esperar la respuesta”, dijo Aguerri. 

El anuncio lo hicieron este miércoles tras una reunión de los empresarios de Nicaragua en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), donde explicaron su posición sobre la crisis sociopolítica del país. 

El martes, el sector privado envió una carta al presidente Daniel Ortega, en la que enfatizan la necesidad de retomar con urgencia el diálogo, como la única salida para superar la crisis. 

La propuesta de los empresarios plantea una inminente reforma del Consejo Supremo Electoral (CSE), adelantar las elecciones generales y suspender la represión. 

Al menos 325 nicaragüenses han muerto durante esta crisis y más de 500 permanecen detenidos por participar en las protestas contra el gobierno. 

La constitución

“Toda la empresa privada está cerrando filas, vamos a pedir que se haga esa marcha porque es el pedir de muchos de los nicaragüenses; tenemos que restablecer esos derechos constitucionales, que es el derecho a expresarnos públicamente cuando estamos en acuerdo o desacuerdo”, manifestó Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).

El artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública. 

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“Para reunirse no necesitás permiso de nadie, necesitás permiso para hacer uso de las vías públicas, calles y carreteras (…) Tenemos que ver con los abogados cuáles son los reglamentos o leyes que nos asisten”, dijo Álvaro Vargas, vicepresidente de Upanic. 

El empresario de la construcción, José Dolores Blandino, explicó que el empresariado va “con más fuerza que nunca” en estas nuevas acciones que está emprendiendo. 

“La Presidencia tiene que entender que aquí tiene que haber un cambio y los empresarios vamos a luchar, el Cosep la va a pedir”, advirtió Blandino. 

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Entre los empresarios está latente el temor de ser apresados por las autoridades, como ocurrió con el empresario turístico José Gonzalo Hernández Cáceres y su esposa, la catedrática Ana Cecilia Hooker, quienes fueron capturados por la Policía luego de cantar el himno nacional en una esquina de la ciudad de Somoto, municipio de Madriz.

“Cuando vos ves que se están cerrando los espacios, por supuesto que existe el temor de que se pueda dar una situación así; sin embargo, el compromiso que nosotros estamos tomando es de seguir en esta búsqueda de una solución negociada”, comentó José Adán Aguerri. 

La semana pasada, la Policía Nacional no autorizó una marcha convocada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para el 10 de diciembre, en conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Antes, también negó el permiso a la Unidad Nacional Azul y Blanco para realizar una manifestación el 25 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.