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Tras la anulación de la personería jurídica al Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), por parte de la mayoría de diputados sandinistas de la Asamblea Nacional, la junta directiva de este organismo reaccionó a través de un comunicado, en el cual consideran que la acción parlamentaria “se corresponde con un ataque de orden político contra organizaciones no gubernamentales del país”.

El comunicado el Ipade emitido la tarde de este jueves, señala que la cancelación de su personería “violenta el derecho y la libertad de los nicaragüenses de asociarse, consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política”.

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El Organismo No Gubernamental (ONG) plantea que los funcionarios del Ministerio de Gobernación (Migob) y diputados de la Asamblea Nacional levantaron acusaciones falsas y dictaron sentencias de culpabilidad, arrogándose funciones que solo corresponden a los tribunales de justicia.

Diputados de la Asamblea Nacional cancelaron esta mañana la personería jurídica del Ipade y Cinco. Cortesía/END

“Esta acción de carácter ilegal, obedece a la vía de violencia y confrontación diseñada para silenciar y aplastar la legítima protesta de estudiantes, pobladores, empresarios, mujeres, familiares de reos, iglesia, medios de comunicación independientes y ahora, contra las organizaciones no gubernamentales, en atropello al derecho a la libertad de organización, de expresión y de pensamiento, consagrados por la Constitución Política”, expresa en su comunicado el organismo.

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La directiva del Ipade, considera que lo actuado por el Migob y la Asamblea Nacional, violenta los procedimientos establecidos en la Ley 147, capítulo VII (Sanciones y Cancelaciones); sus artículos 22, 23 y 24, que establecen un procedimiento administrativo previo a la toma de cualquier medida, sobre las cuales se establece incluso, el Recurso de Apelación ante el Migob.

“El procedimiento usado, sin notificación alguna, además de causar indefensión, es una ejecución sumaria a los derechos civiles y políticos establecidos en la Constitución Política, en particular en su artículo 34”, dice el comunicado del organismo.

En su punto 4, el Ipade indica que durante 28 años de existencia, ha trabajado con apego a las leyes de la República y en estricto cumplimiento a los objetivos de su misión.

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Aseguran que siempre se cumplió en tiempo y forma con la obligación de entregar sus informes financieros y administrativos, establecidos por las autoridades y hasta destaca que fueron reconocidos por su seriedad en el rendimiento de cuentas y en su transparencia, tanto por la cooperación internacional como por la sociedad civil.

“Estas acusaciones colectivas a las organizaciones no gubernamentales del país, son infundadas, arbitrarias, ilegales y además nulas. Ipade se reserva el ejercicio de sus derechos civiles y no renunciará a que su personería jurídica y bienes, sean restituidos, cuando prevalezca el Estado de Derecho en nuestra nación”, afirmó el comunicado de esta organización.