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Cinco Organismos No Gubernamentales (ONG) se sumaron este jueves a la lista de nueve que en los últimos 15 días han perdido la personería jurídica, por decisión de la Asamblea Nacional atendiendo solicitudes del Ministerio de Gobernación (Migob).

El Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), del periodista Carlos Fernando Chamorro; el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), dirigido por Mauricio Zúniga; el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS), dirigido por Haydeé Castillo; la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río) y la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal (Popol Na), dirigida por Mónica Baltodano, son las organizaciones que este jueves quedaron sin personería jurídica.

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Antes se las habían cancelado al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el organismo Hagamos Democracia, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), que dirigía Ana Quirós, a quien le quitaron la nacionalidad nicaragüense y la deportaron a Costa Rica.

El argumento del Ministerio de Gobernación es que estas organizaciones usaron su estructura organizacional para cometer ilícitos, incumpliendo sus estatutos internos y violando las normativas para el funcionamiento de los organismos sin fines de lucro.

Un total de 70 diputados sandinistas votaron este jueves a favor de la derogación de esas personerías, acusando a estos organismos de haber apoyado lo que califican como un “intento de golpe de Estado”, el mismo argumento usado por el gobierno.

Sobre cinco

Según el Migob, la asociación Cinco incumplió con sus obligaciones legales y estatutarias al no contar actualmente con una junta directiva vigente, ya que la última venció el 25 de abril de este año.

El Migob alegó que Cinco no reportó al ente regulador sus estados financieros del período 2017, violentando los artículos 13 y 21 de la Ley 147 (Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro) y que violó el artículo 8 del propio cuerpo estatutario de esa misma asociación.

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Además, a Cinco se le acusó de utilizar “el esquema organizacional para la comisión de actos ilícitos y violentar el orden público, promover campañas de desestabilización en el país, apoyando, promoviendo, facilitando e incitando a la afectación de la seguridad ciudadana y el ejercicio legítimo de los derechos humanos de las familias nicaragüenses”.

Por razones similares fueron canceladas las personerías de Popol Na y del Ipade.

A la Fundación del Río y al ILLS les anularon el estatus legal acusándoles de realizar acciones ajenas a sus objetivos originales.   

Cinco, Popol Na, Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias, deberán liquidar sus bienes para darles el destino que en sus estatutos tengan previstos; de lo contario, pasaran a ser propiedad del Estado.

En el caso particular del Ipade, El Ministerio de Gobernación sostuvo que legalmente, “al declararse disuelto se pondrán a disposición de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua todos los bienes a fin de que se les dé el uso adecuado, debiendo el Ipade en el término de 72 horas, remitir al ente regulador el informe de liquidación de bienes”.

EE.UU condena

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un pronunciamiento de condena de la anulación de la personería jurídica de los Organismos No Gubernamentales, decretada este jueves por la mayoría parlamentaria sandinista de Nicaragua, titulada “Represión a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos y a los medios de comunicación independientes en Nicaragua”.

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“Las recientes acciones del régimen nicaragüense para quitarle el estatus legal a las ONG, revelan el desprecio continuo del Presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo por los derechos humanos en su propio país.

Los EEUU están con la gente de Nicaragua en su búsqueda por restaurar la democracia a través de elecciones anticipadas, libres y justas”, expresó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Palladino, a través de su cuenta de twitter.

Rechazan acusaciones

Cinco emitió un comunicado la noche de este jueves, afirmando que “ha cumplido anualmente sus obligaciones con la Dirección General de Ingresos y con el Ministerio de Gobernación, obteniendo su último Certificado de Cumplimiento en el año 2017”.

“El pasado martes 11 de diciembre de 2018 el Secretario de la Junta Directiva de Cinco, que se encuentra vigente hasta el año 2020,  acudió a una citatoria con el Director de Asociaciones Civiles del Ministerio de Gobernación, quien le solicitó la presentación de libros contables y de actas para hoy jueves, 13 de diciembre”, agregó.

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“Pero antes de que Gobernación recibiera y revisara  los documentos y comprobara la legalidad en que se encuentra Cinco, la Asamblea Nacional ya había aprobado en “trámite de urgencia” la cancelación de la personería jurídica de Cinco junto a la de otras cuatro organizaciones, recurriendo a falsedades, e imputaciones calumniosas”, afirma el comunicado.

La oenegé, dedicada a comunicación e investigaciones, también explica que “la pretensión de eliminar a Cinco es la culminación de una larga persecución que comenzó hace una década con el retorno de Ortega al poder y la acusación contra Cinco y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) por el presunto delito de ¨triangulación de fondos y lavado de dinero, por la implementación de un proyecto, financiado por fondos de gobiernos europeos, para promover los derechos de las mujeres.

En agosto de 2008, siguiendo órdenes de la Presidencia de la República, la ministra de Gobernación y la Fiscal Adjunta, nos acusaron por supuestos delitos criminales, sin presentar ninguna prueba…

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Tras el allanamiento ilegal de Cinco, levantaron abusivamente  el sigilo bancario de los miembros de su directiva, se llevaron 15 mil folios de información contable y equipos. La Fiscalía tuvo cinco meses para investigar los supuestos delitos y fabricar un caso jurídico, y al final, concluyeron lo que todo mundo sabía desde el principio: que n
o habían pruebas para acusarnos criminalmente en los juzgados”.

El Ipade emitió un comunicado afirmando que la cancelación de su personalidad jurídica corresponde a un ataque de orden político contras las ONG del país, que violenta el derecho y la libertad de los nicaragüenses de asociarse, tal como lo establece el artículo 49 de la Constitución Política.

La Fundación del Río también rechazó en un comunicado los argumentos del Migob. “Este acto es la culminación de una serie de hostigamientos y presiones hacia la organización, que se incrementaron desde la denuncia pública que hicimos a raíz del incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz”, manifestó la Fundación..