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En uno de los juicios contra activistas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que fueron condenados por asesinato, homicidio frustrado y otros delitos graves, un testigo de la Fiscalía declaró que uno de los acusados lo amenazó con tres armas de fuego, algo prácticamente imposible si solo tiene dos manos.

Esa afirmación, según la abogada Karla Sequeira, de la CPDH, es un ejemplo de las inconsistencias que ocurren con frecuencia en los juicios contra quienes han participado en las protestas antigubernamentales. Estos procesos “han tenido como común denominador, personas que han llegado a mentir”, aseguró Sequeira.

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En ese mismo juicio brindaron su testimonio 25 testigos, quienes aseguraron que a la misma hora, en las mismas circunstancias y con las mismas palabras, uno de los acusados les intimidó, señaló la abogada.

En los últimos ocho meses de protestas ciudadanas contra el gobierno, más de 600 personas fueron detenidas, según las denuncias de familiares ante las comisiones de derechos humanos; pero, solo han sido procesados judicialmente un poco más de 300 protestantes, informó la CPDH.

Los delitos por los que han acusado a los manifestantes, son: terrorismo, portación ilegal de armas, robo agravado, homicidio, obstaculización de servicios públicos y crimen organizado.

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En la mayoría de estos juicios los testigos propuestos por la Fiscalía son empleados del Estado, agentes de la Policía y seguidores del partido de gobierno, afirmó Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organismo al que este miércoles la Asamblea Nacional le quitó la personería jurídica.

La abogada Yonarquis Martínez, quien defiende a 41 manifestantes opositores, también se queja de que en los casos que ella ha asistido, los testigos han llegado a decir mentiras.

En el juicio al dirigente del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa, Dixon Morales, “la acusación dice que los hechos acusados acontecieron el 31 de mayo del año en curso, pero el testigo víctima vino a decir que los hechos fueron el 1 de junio”, señaló Martínez.

La defensora particular denunció que en los contrainterrogatorios, cuando los abogados tratan de desentrañar los falsos testimonios de los testigos presentados por el Ministerio Público, los fiscales rechazan sus preguntas “y hay algunos jueces que las han objetado de manera oficiosa, a pesar de que les está prohibido por la ley”.

Penas por mentir

El abogado Julio Montenegro, quien defiende a unos 60 manifestantes procesados, asegura que “en prácticamente todos los casos hay situaciones de testigos que llevan aprendido de memoria el parlamento, hay veces que lo descuidan un poco y se equivocan al identificar a la persona imputada”.

Montenegro explicó que cuando una persona miente ante un juez para incriminar a un procesado, podría enfrentar penas de hasta ocho años de prisión.

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Los artículos 474 y 475 del Código Penal establecen que “quien falte a la verdad con relación a hechos propios, cuando se le pone bajo promesa de ley en causa judicial, será penado con prisión”. Las penas varían entre tres y ocho años de cárcel. También podrían ser sancionados con el pago de multas.

Según Gonzalo Carrión, en estos juicios “los que aparecen de testigos son los mismos policías que participaron en la represión de manifestantes, son los mismos que los capturan y después aparecen como testigos en un proceso que es político”.

Explicó que un testigo se convierte en falso no solo por usurpar una identidad, sino cuando “comparece ante un juez a contar una historia que no le consta que haya pasado de esa forma; entonces, para ello los preparan para ir a mentir”.

Los familiares de algunos manifestantes procesados también han logrado reconocer a falsos testigos presentados por la Fiscalía, en los casos de sus parientes.

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Alfredo Mairena, hermano del campesino Medardo Mairena, acusado de terrorismo por protestar contra el gobierno desde abril, denunció que la Fiscalía solo ha presentado “testigos falsos”.

Esto fue corroborado por el abogado Julio Montenegro, defensor del líder campesino, señalando que en el proceso judicial contra Mairena ha tenido problemas en todos los sentidos legales, porque “el video presentado por la Fiscalía refiere que las supuestas víctimas habían sido maltratadas, pero luego los testigos llegan a decir que quienes los habían retenido los había tratado bien”.

En el juicio de Mairena, acusado de “terrorista”, el Ministerio Público anunció que presentaría a 75 testigos. Pero, resultó que “todos los testigos que se han presentado en el caso de mi hermano han sido policías, trabajadores del estado o simpatizantes del Gobierno; hay otros, llamados códigos, que se desconoce su identidad, pero son de los mismos”, relató Alfredo Mairena.

Dijo que en una audiencia contra su hermano, pudo enterarse que uno de los testigos era seguidor del Frente Sandinista, porque se presentó con una camiseta de las que ese partido da a sus simpatizantes.

El caso de Sébaco

El abogado Arnulfo López, de la CPDH, quien defiende a dos ciudadanos de Granada acusados de quemar la casa de un policía en esa ciudad, afirmó que en ese juicio algunos testigos llegaron a mentir.

“Hubo testigos que vinieron a decir cosas imposibles de que hayan visto, porque los hechos acontecieron de madrugada y en un lugar con poca visibilidad”, comentó López.

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Destacó que cuando los abogados defensores tratan de desentrañar las mentiras de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, los fiscales les objetan las preguntas y los jueces les dan lugar a las objeciones.

Los parientes de los opositores procesados ven la presencia de testigos falsos como una herramienta más del Gobierno para “inculpar a los manifestantes”.

Los familiares del exmilitar Oscar Danilo Lanzas aseguran que en el caso del grupo de nueve presos de Sébaco, acusados de terroristas, la Fiscalía ha presentado falsos testigos para incriminarlos.

Esther Armas, esposa de Lanzas, reveló que ocho de los 15 testigos presentados por la Fiscalía contra el grupo de procesados de Sébaco son trabajadores de la alcaldía, a quienes identifican como los autores de los crímenes de los que acusan a su cónyuge.

“El mismo sujeto que aparece quemando el camión de la alcaldía en un video, delito del que acusan a mi esposo, es a quien la Fiscalía llevó el pasado 27 de noviembre para que lo inculpara. Entonces, el mismo que testifica fue el que cometió el delito”, denunció Armas.