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Las nueve organizaciones sin fines de lucro, a las que la Asamblea Nacional les canceló la personalidad jurídica, dejan inconclusos programas de educación y capacitación, más un centenar de personas en el desempleo.

La decisión de la Asamblea Nacional afectará de forma directa a más de 100 profesionales, entre especialistas en derechos humanos, médicos, ambientalistas, técnicos en informática, comunicadores y personal administrativo.

El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), fundado en julio de 1983, fue la primera organización a la cual los parlamentarios cancelaron la personería jurídica, por solicitud del Ministerio de Gobernación.

Cisas trabajaba en atención primaria de salud comunitaria. “Se capacitó a más de 100 mil personas en aspectos de salud, educación, organización popular, de prevención, promoción de derechos, planificación, entre otros”, dijo Ana Quirós, su directora, quien fue deportada a Costa Rica.

El cierre de esta organización dejará en el desempleo a 14 personas, entre comunicadoras, trabajadoras sociales, educadores y personal administrativo.

“Cisas trabajó ampliamente en el mejoramiento de la salud y de las condiciones de vida de numerosas comunidades, especialmente en la zona de León y Chinandega, las Segovias y Estelí, y de otras partes del país”, explicó Quirós, vía telefónica.

LO QUE HIZO IEEPP

Dayra Valle, subdirectora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), la segunda organización en perder la personalidad jurídica, afirmó que durante 15 años trabajaron con instituciones gubernamentales como la Asamblea Nacional, Policía Nacional, Ministerio de la Familia y el Ministerio Público.

El Ieepp ha sido clausurado y su personería jurídica ha sido anulada. Archivo/END

“Hemos trabajado con varias comisiones de la Asamblea Nacional, con el mismo diputado Filiberto Rodríguez (quien señala al organismo de no aportar al desarrollo de Nicaragua)”, manifestó Valle.

El Ieepp era consultado en varios temas por los legisladores, previo a la aprobación de algunas leyes; y aportó con investigaciones en temas presupuestarios, de educación, salud y trata de personas, agregó Valle.

“Hemos participado en discusiones como la del anteproyecto de la Ley de Tránsito; también fuimos consultados cuando se nos pidió opinión técnica de la Ley de Trata. Tuvimos presencia en la Comisión de Economía y Presupuesto para abordar temas presupuestarios, apoyamos los objetivos de desarrollo del milenio”, aseguró Valle.

La cancelación de la personalidad jurídica del Ieepp afectará a 11 profesionales. La subdirectora dijo que “entre las personas que quedan en el desempleo están profesionales de las diferentes disciplinas, con grados académicos muy altos y que han tenido la particularidad de trabajar en el campo de la investigación social, aportando al desarrollo de Nicaragua”.

Lamentó que todo ese trabajo sea “desconocido”, ya que “todo esto sí ha significado un gran aporte al desarrollo de Nicaragua”.

DEFENDIENDO DERECHOS

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) trabajó durante 28 años en la promoción y defensa de los derechos de los nicaragüenses.

Gonzalo Carrión, su director jurídico, afirmó que un colectivo de aproximadamente 30 personas, entre personal administrativo y profesionales del derecho, son afectados con la decisión de la Asamblea Nacional.

“Desde su perspectiva, los toca botones (los diputados) tienen razón, pero todos ellos fueron usuarios del Cenidh”, reveló Carrión.

CAPACITACIÓN A JÓVENES

A la organización Hagamos Democracia también le cancelaron la personería jurídica. Con más de 23 años de trabajo, esta promovió los valores de una “democracia plena” y trató de garantizar y enseñar los derechos civiles y políticos a la ciudadanía nicaragüense.

Carlos Fernando Chamorro, del Centro de Investigaciones de la Comunicación, a la cual le cancelaron la personería jurídica. Archivo/END

Luciano García, presidente de la organización, afirmó que durante estas dos décadas el organismo ejecutó al menos 80 proyectos. Para cada uno, empleaban de forma directa a diez personas en promedio, y el staff de la organización estaba compuesto por seis integrantes.

“Con todo esto se va a tener que liquidar al personal”, lamentó García.

La cancelación de la personería jurídica tendrá “mayor impacto” entre los jóvenes que, de momento, se van a quedar sin recibir las capacitaciones, advirtió García.

“Vamos a tratar de conseguir algún tipo de financiamiento interno, para que sea ad honorem ese tipo de cosas, que nos puedan apoyar en el pago de los viáticos para seguir promoviendo el empoderamiento ciudadano, capacitarlos en temas democráticos, y en cómo ejercer sus derechos”, dijo García.

CON LAS ALCALDÍAS

La presidenta de la Fundación Popol Na, Mónica Baltodano, dijo que esta organización trabajó durante 18 años promoviendo el poder local con unas 30 alcaldías.

Entre los proyectos que ejecutaron está la edificación de viviendas, por lo menos construyeron 1,500 para damnificados por desastres naturales; formaron una clínica en Posoltega, Chinandega, y en el Mercado Oriental, en Managua.

Afirmó que también desarrollaron actividades de carácter productivo en zonas con altos niveles de pobreza en León y Chinandega, con cooperativas de café en el Volcán Casita; llevaron el servicio de agua potable a través de la perforación de pozos, promovieron trabajos de reforestación y legalización de lotes.

Haydee Castillo, presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), aseguró que esta organización es un referente “muy importante” para el campesinado, mujeres, indígenas y la juventud del Norte de Nicaragua, porque sus aportes al desarrollo de estas comunidades son muchos.

Dijo que contribuyeron a la independencia económica de mujeres, becaron a jóvenes para estudios de secundaria y universitarios, construyeron miniacueductos y capacitaron en temas del cambio climático.

Policías a las afueras de una ONG. Archivo/END

“Hemos contribuido a la profesionalización de muchas maestras que eran empíricas, y que producto del apoyo con becas, pudieron estudiar y sacar sus títulos. Los jóvenes aprendieron a hacer planes de vida, a elaborar su currículum para gestionar empleo, pero el instituto nunca calló ante las injusticias”, expresó Castillo.

Según Castillo, la situación ha sido “dramática”, porque mientras discutían en el Parlamento quitarle la personería jurídica, el centro ya estaba rodeado por policías. “El instituto siempre estuvo al día con Gobernación, todos los años rendimos nuestros informes al detalle, las auditorías están colgadas en la página web del instituto porque siempre trabajamos con transparencia y con rendición de cuentas”, enfatizó.

Queda en el desempleo diez personas. “Son grandes profesionales que han hecho estudios especializados, porque nuestro equipo es de grandes capacidades y por eso hemos logrado capacidades éticas y del sistema de valores, y saben que nunca callamos ante las injusticias”, puntualizó Castillo.

TEMAS DE COMUNICACIÓN

El Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) tenía 23 años de trabajo ininterrumpido, y su cierre provocará el desempleo de diez personas.

Su directora, Sofía Montenegro, dijo que desde Cinco han aportado al país más de un centenar de investigaciones, en diferentes temas comunicacionales.

Además, han apoyado en el desarrollo del uso de redes sociales a organizaciones civiles y jóvenes, y la revista mensual Perspectivas.

Montenegro especificó que los colaboradores del centro de investigación son profesionales de las ciencias sociales, periodismo y personal administrativo.

MEDIO AMBIENTE

Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, otra organización a la que le quitaron la personería jurídica, destacó que el trabajo realizado en los últimos 28 años lo hicieron con los gobiernos locales indígenas, rama y kriol.

“Fundación del Río siempre se caracterizó por trabajar en la defensa de los recursos naturales. Fue una de las primeras organizaciones que denunció el incendio que consumió más de 5,000 hectáreas en la Reserva Indio Maíz, además, ha sido contundente con la denuncia de invasión de colonos”, explicó.

Afirmó que también proporcionaron a la Policía Nacional terrenos para la construcción de nuevas estaciones policiales, y que entregaron información técnica y ambiental a la Defensa Civil de Nicaragua, durante el incendio, institución estatal que usó mapas realizados por la Fundación del Río.

La organización fundó dos radios comunitarias: una en San Miguelito y otra en El Castillo, municipios de Río San Juan, para hacer educación ambiental y abordar problemas locales.

En San Carlos, Río San Juan, formaron un Centro de Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia.

Ruiz dijo que también apoyaron al Gobierno de Nicaragua a presentar recursos ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en litigios internacionales, como fue el caso de la trocha que Costa Rica construyó junto al Río San Juan.

Afirmó que al menos 30 personas quedarán sin trabajo por el cierre de operaciones de la fundación.