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La cancelación de personerías jurídicas a nueve organizaciones no gubernamentales (ONG), y los allanamientos y ocupaciones policiales de sus respectivas sedes, están revestidas de ilegalidad y son violatorias del estado de derecho, opinaron abogados consultados por El Nuevo Diario.

"No tienen asidero jurídico", afirmó el ex procurador de la República, Alberto Novoa.

"Los decretos legislativos no han sufrido todavía sus efectos legales porque todavía no se han publicado en La Gaceta y por lo tanto, el Estado no puede disponer de los bienes de esas ONG", explicó el jurista.

Sobre la resolución del Ministerio de Gobernación de este viernes, en que comunica a las ONG despojadas de su personería que sus bienes pasan a manos del Estado, con el fin de crear un fondo para resarcir a las supuestas víctimas del terrorismo, el ex procurador Novoa dijo que “ese es un acto confiscatorio”.

La Constitución de la República expresa en su artículo 44: “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

SIN MOTIVO

En el caso del Cenidh, los diputados que pidieron la cancelación de su personería jurídica argumentaron que este organismo incumplió la Ley 147 o Ley General de Organizaciones sin Fines de Lucro, al no presentar los libros contables y actas actualizadas de su junta directiva.

Sin embargo, ese no es motivo para cancelar la personería, porque la misma ley establece en el artículo 22 que de existir la infracción mencionada, la sanción a imponer es una multa que oscila entre 1,000 y 5,000 córdobas, explicó Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh.

Agregó que “todos los actos que derivan de la decisión judicial son nulos” porque al Cenidh no le dieron derecho a ser oído durante el trámite administrativo que debió seguirse previo a la cancelación de su personería jurídica.

Carrión destacó que la Constitución Nicaragua establece que está prohibida la confiscación.

El abogado Elton Ortega Zúniga opinó: "Para que la Policía allanara los locales de las ONG, tenía que tener orden judicial y para ello de previo tenía que haber una acusación penal".

Noel Alonso Cano, también jurista, comentó que, según el aforismo jurídico, "las cosas en derecho se deshacen a como se hacen", y por tanto, si la Asamblea Nacional al otorgar la personería jurídica a las ONG hace que sus miembros llenaran una serie de requisitos, de igual manera tenían los diputados que cumplir requisitos básicos para la anulación de la esa personería.

Las oficinas del semanario Confidencial, allanadas. Archivo/END

La Policía allanó y luego se tomó las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y las oficinas de los medios de comunicación Esta Semana y Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, de donde sustrajeron equipos y documentos, según denunciaron los afectados.

Chamorro aclaró que los medios de comunicación bajo su dirección son empresas legales, que nada tienen que ver con la oenegé Cinco, a la que le quitaron la personería jurídica.