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El gobierno de Uruguay rechazó las medidas que las autoridades de Nicaragua han aplicado para impedir el funcionamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y expresó su preocupación por la cancelación de la personería jurídica y el allanamiento de los edificios de distintas instituciones que trabajan organizadamente como sociedad civil.

“Uruguay reitera su más firme rechazo a los intentos de impedir la labor de estas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de promoción de las libertades individuales de la sociedad civil en Nicaragua”, sostuvo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

El gobierno de Uruguay también expresó su “profunda preocupación ante las recientes medidas adoptadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua respecto a diversas organizaciones de derechos humanos a las que canceló su personería jurídica y por los allanamientos de sus locales”.

La cancillería uruguaya destaca que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha denunciado “el hostigamiento policial” en contra de los integrantes de los organismos no gubernamentales que perdieron sus personerías jurídicas por decisión de la Asamblea Nacional.

Uruguay califica como “inaceptables e injustificables” la “intimidación, la represión y el asedio, las detenciones arbitrarias y la falta de garantías al debido proceso de que son víctimas defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación en Nicaragua”.

También rechaza la restricción de los derechos y libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión.

La semana pasada, la Asamblea Nacional completó una lista de nueve organismos civiles a los que canceló su estatus legal acusándoles de haberse desviado de los objetivos originales para los cuales se les había autorizado la personería jurídica.

Los legisladores oficialistas señalaron a estas asociaciones de haber usado su esquema organizacional para actos ilícitos y desestabilizadores del orden del país, indicando que se prestaron a lo que ellos consideran “un intento de golpe de Estado”, que es como ellos califican a las protestas sociales que alcanzaron sus niveles más altos entre abril y julio pasado.