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El Gobierno de Nicaragua oficializó este martes la cancelación de ocho personerías jurídicas a Organismos No Gubernamentales (ONG), a través de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, número 245, los decretos emitidos por la Asamblea Nacional.

En las últimas dos semanas, los diputados sandinistas, que son mayoría en el parlamento, votaron a favor de retirar las personerías jurídicas de ocho organizaciones, entre ellas del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), dirigido por el opositor Félix Maradiaga, que se encuentra en el exilio, la cual fue cancelada a través del decreto número 8493.

Asimismo la personería de la Asociación Hagamos Democracia, presidida por Luciano García ha sido cancelada con el decreto número 8508.

De igual manera para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), presidido por Vilma Núñez, se oficializa se oficializa la pérdida de su personería mediante el Decreto número 8509.

Mientras que a la Fundación Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), dirigida por Haydee Castillo, el poder legislativo le canceló su personería a través del decreto número 8510.

En tanto, para el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), presidido por Mauricio Zúniga se oficializa la cancelación de su personería con el decreto 8511.

También fue cancelada la personería jurídica de la Fundación para la Conservación y Desarrollo del Sur (Fundación del Río), que dirige el ambientalista Amaru Ruiz, mediante el decreto legislativo número 8512.

La personería del Centro de la Investigación de la Comunicación (Cinco), dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro, ha sido cancelada a través del decreto número 8513, y la de la Fundación Popol Na, para la Promoción y el Desarrollo Municipal que es presidido por la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano, le fue retirada su personería a través del decreto de la Asamblea Nacional número 8514.

La cancelación de las personerías jurídicas de estos ONG ha sido justificada basándose en una resolución del Ministerio de Gobernación que señala a estas organizaciones de haber incumplido con sus obligaciones legales y por haber violentado los estatutos con los que se fundaron y por haber utilizado su estructura organizacional para cometer ilícitos de desestabilización para el estado de Nicaragua.