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El Gobierno de Nicaragua suspendió este miércoles la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), informó la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El gobierno de Nicaragua anunció la suspensión temporal de la presencia del Meseni a partir de hoy en el país y también las visitas de la CIDH. Asimismo, comunicó la expiración del plazo, objetivo y misión del GIEI”, informó la CIDH a través de sus redes sociales. 

El Gobierno citó hoy al GIEI y al Meseni en la Cancillería, donde les informaron sobre la suspeción. 

Tras la decisión del Gobierno de Nicaragua, la CIDH informó que seguirá realizando sus acciones de monitoreo, denuncia y acompañamiento a las víctimas y sus familiares.

“La CIDH lamenta la decisión del Estado de Nicaragua y comunica que el Meseni seguirá funcionando desde su sede en Washington. La CIDH reitera que la situación de Nicaragua seguirá siendo una prioridad, reafirma su compromiso con la víctimas de derechos humanos y seguirá monitoreando el seguimiento del cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, informó la CIDH a través de un comunicado. 

La suspensión de la misión del GIEI y Meseni se da un día antes de que el GIEI presentara su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua.

El informe del GIEI estaba previsto a ser presentado mañana, a la 10 de la mañana en un hotel de Managua y se esperaba que esta organización brindara los resultados de la investigación que viene realizando desde que llegaron al país, en julio.

El 26 de octubre el GIEI realizó una conferencia para mostrar los avances de su trabajo en Nicaragua y en esa ocasión señaló la falta de transparencia, independencia y autonomía del Ministerio Público para encontrar a los responsables de las muertes violentas ocurridas entre abril y mayo, en el contexto de las protestas.

“El GIEI considera que, ante la demostrada ausencia de garantías de una actuación independiente y objetiva del sistema penal, el Estado debería establecer de forma urgente una Fiscalía Especial, para investigar los hechos de violencia”, recomendó el grupo en ese momento.

El Grupo argumentó que muchas familias ni siquiera han interpuesto denuncias porque no creen en el sistema judicial, y otras que se han acercado al Ministerio Público “no han recibido respuestas acordes a su calidad de víctimas”.

El GIEI llegó a Nicaragua como parte de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en el diálogo nacional, que en la actualidad está suspendido.