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El Gobierno de Nicaragua canceló este miércoles el permiso de estadía de las dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).

El GIEI, constituido por un acuerdo entre la OEA, la CIDH y el Gobierno de Nicaragua, presentaría este jueves su informe final sobre la crisis de Derechos Humanos, de los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo.

La misión del Meseni es de seguimiento y tenía carácter indefinido.

Amerigo Incalcaterra, del GIEI, aseguró que la suspensión se da con el objetivo de que el informe final no se haga público en Nicaragua. “Nos sugirieron (el Gobierno) no presentar el informe en Nicaragua”, subrayó. 

Informó que por ahora la presentación del esperado reporte está suspendida y posiblemente se publicará en otro momento, pero fuera del país.

Las dos misiones fueron citadas por el Gobierno a las 3:15 p.m. del miércoles en el edificio de la Cancillería, donde el canciller Denis Moncada leyó una extensa carta que acusaba a la CIDH de ser “una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones contra el país”.

Incalcaterra relató que Moncada les leyó el informe, que a su criterio está dirigido a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao.La reunión duró media hora y los miembros de las misiones salieron rumbo a su hotel para dar a conocer a los periodistas lo que consideraron “una expulsión”. 

La misión del GIEI había convocado para este jueves a las 10:00 a.m., para brindar su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos del 18 de abril al 30 de mayo, en base a investigaciones realizadas desde julio, cuando llegó la misión.

La misión del Meseni es de seguimiento y tenía carácter indefinido.Melvin Vargas/END

Insatisfechos

“No nos satisface para nada. Esto es un argumento para evitar que publiquemos el informe”, afirmó Incalcaterra, quien precisó que el 3 de enero terminaba la misión del GIEI en Nicaragua, según el acuerdo con el gobierno. 

Afirmó que durante el tiempo que trabajaron solo sostuvieron dos reuniones con el Gobierno, a pesar de las numerosas peticiones que les hicieron.

Ana María Tello, representante de la misión  de la CIDH, informó que el Gobierno les pidió salir casi de inmediato del país y que “formalmente no se estableció cuándo, pero informalmente dijo (Moncada) que debíamos abandonar el país de inmediato”.

“La CIDH y su mecanismo especial de seguimiento, que es el Meseni, no van a dejar de monitorear la situación como lo venían haciendo”, dijo Tello y agregó que lo harán a través de otros mecanismos desde Washington. 

Tello afirmó que su expulsión será en perjuicio de los familiares de las personas que murieron durante los días más graves de las protestas. 

Agregó que las solicitudes de entrevistas con jefes de la Policía, Fiscalía y Medicina Legal, no fueron aceptadas nunca. Sin embargo, el Gobierno indicó, en su carta, que sí lo hicieron.

Tello reconoció que solo una vez se les permitió el acceso a la cárcel de mujeres “La Esperanza” y después no pudieron hacerlo de nuevo. 

Claudia Paz y Paz, del GIEI, indicó que en los meses de trabajo no lograron el acceso a ningún expediente judicial de los detenidos por protestar; tampoco se les proporcionó una lista de los familiares de los policías que murieron durante las protestas y mucho menos un listado de las familias de las demás víctimas.

CIDH denuncia ataques a voces opositoras

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindó este miércoles un nuevo informe sobre la “intensificación” de la cuarta etapa de represión estatal en Nicaragua, que busca la forma de “silenciar, intimidar y criminalizar a las voces opositoras al Gobierno”, principalmente a los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación indAependientes en el país.Los expertos de la cidh anunciaron que el gobierno canceló su misión en Nicaragua.

 

La CIDH aseguró que en esta fase el Gobierno busca adoptar medidas y decretos que “bajo la apariencia de legalidad y estricta formalidad”, tratan de restringir de manera “ilegítima” los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, consignados en la Constitución Política de Nicaragua. 

Estos derechos son “esenciales para el efectivo funcionamiento de toda sociedad democrática”, señala el organismo en un comunicado dado a conocer este miércoles.

Esta cuarta fase, se agudiza por el “incremento de actos de agresión y hostigamiento contra periodistas” y la detención y judicialización de líderes, defensores de derechos humanos y personas críticas al Gobierno, señala la CIDH. 

Este proceso se caracteriza también por la expulsión de personas naturalizadas o residentes permanentes por su participación en protestas, como ocurrió con la activista y feminista Ana Quirós. 

Después de ocho meses desde que inició la crisis, según datos de este organismo, más de 550 personas permanecen privadas de libertad por hechos vinculados con las protestas, y 90 de ellos recibieron hasta ahora una sentencia condenatoria. 

“A través del Meseni, la CIDH ha recibido denuncias sobre alegadas violaciones a las garantías del debido proceso como el impedimento para que personas enjuiciadas accedan a sus representantes legales con anterioridad a las audiencias”, denunció la comisión.