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Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado este viernes en Washington, determina que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad desde el estallido de las protestas, el 18 de abril, y advierte que ese tipo de delitos no tienen prescripción y que los responsables no pueden beneficiarse de una amnistía.

“Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y el crimen de persecución”, precisa el informe que tenían programado divulgar en Managua este jueves, pero tuvieron que presentarlo en Washington DC debido a que el miércoles el gobierno nicaragüense les suspendió la estadía en el país.

Siga en vivo el informe del GIEI:

Sobre los efectos de estos actos, el informe agrega que los crímenes de lesa humanidad “suponen ciertas consecuencias, como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas”, explicaron los miembros del GIEI.

Este tipo de delitos también abre la posibilidad de que “intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma”.

POLICÍA ES SEÑALADA

El informe asegura que la institución que más represión ha cometido es la Policía de Nicaragua, a la cual señala de utilizar armas de guerra para disolver las protestas, y sugieren una investigación a fondo del aparato estatal.

“El GIEI recomienda se investigue la responsabilidad en los hechos del presidente de la nación, Daniel Ortega, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como Directores Generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales, Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional”.

En esa misma línea quedan los jefes de la Policía en Managua del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, los comisionados Sergio Gutiérrez, Fernando Borge y Juan Valle Valle, además del jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), Justo Pastor Urbina, entre otros.

La Policía Nacional es señalada por el GIEI de ejecutar represión con armas de guerra. Archivo/END

ACCIONES REPRESIVAS

La investigación del GIEI cubre del 18 de abril al 30 de mayo, período en que se registraron 109 muertes, de las cuales 95 ocurrieron con armas de fuego. Las víctimas presentaban impactos en la cabeza, cuello y tórax.

Se determinó que de esas 109 muertes violentas, solo 9 han sido judicializadas. Esos casos, añade el GIEI, corresponden a funcionarios del Estado o simpatizantes del partido de gobierno.

“La gran mayoría de las muertes ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales”, sostiene el GIEI.

Según los resultados, los actos de represión los coordinaron la Policía Nacional, alcaldías y grupos paraestatales (desde grupos de choque hasta parapolicías).

“Se trata de grupos compuestos por personas no identificadas que utilizan armas de fuego, muchas veces armas de guerra, y que actúan en coordinación con las fuerzas policiales identificadas como tales”, indicó el GIEI.

Los actos de violencia en contra de los protestantes, según el GIEI, no consistieron en “actos aislados, sino que fueron llevados a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del país”.

“Se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, remarcó el GIEI.

“El GIEI pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales”, continúa el informe.

El gobierno de Nicaragua informó el miércoles al GIEI y al Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sus misiones habían terminado y les pidieron abandonar el país.

Los miembros del GIEI y el Meseni viajaron de Managua a Estados Unidos el jueves y este viernes presentaron en Washington su informe, que incluye 23 recomendaciones.

Un parapolicía dispara contra los protestantes en Managua. Oscar Sánchez/END

SISTEMA DE JUSTICIA IMPLICADO

El GIEI también apunta al Poder Judicial y al Ministerio Público, como parte del esquema de violación a los derechos humanos en Nicaragua.

Del Poder Judicial, el GIEI explica que “no garantizó los derechos mínimos a los procesados”, mientras que el Ministerio Público presenta “graves deficiencias” y una “actuación parcializada”.

Según el GIEI, en Nicaragua se registraron detenciones ilegales, se aplicaron de forma ilegítima contra los protestantes tipos penales de terrorismo y crimen organizado, y hubo una incongruencia entre los hechos y las acusaciones.

En los juicios no se utilizaron como evidencia los videos difundidos en distintos momentos por los ciudadanos y tampoco hay pruebas de balística.

El GIEI explicó que realizó 23 talleres y reuniones informativas sobre el derecho a la reparación, en las cuales capacitaron a 410 personas, pero a ninguna de esas sesiones se presentaron representantes del Estado.

Los expertos del GIEI, en su informe, emitieron 23 recomendaciones:

  1. Garantizar el derecho de reunión.
  2. Cesar el hostigamiento a defensores de los derechos humanos.
  3. Una reforma integral institucional para frenar la represión y persecución política.
  4. Implementar un Plan Integral de Reparaciones, para compensar a las víctimas.
  5. Investigar y destituir a los funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos.
  6. Disolver y desarmar a los grupos armados paraestatales y proteger a la población.
  7. Depurar a la Policía Nacional, separando a los altos mandos y agentes involucrados en violaciones a los derechos humanos.
  8. Revisar el marco jurídico de la Policía Nacional, que incluya el retiro obligatorio del director cada cinco años, implementar mecanismos de supervisión y controles civiles externos. Reglamentar la Ley 872.
  9. Reformar el artículo 231 del Código Procesal Penal para que toda privación de libertad sea autorizada por un juez, para frenar las detenciones policiales.
  10. Revisar actuación y depurar del sistema de justicia a jueces y demás funcionarios que vulneraron el debido proceso.
  11. Establecer una carrera judicial con base en criterios objetivos y el mérito para la admisión, ascenso y remoción de jueces y magistrados, que incluya la Corte Suprema de Justicia.
  12. Nombrar a magistrados y jueces a través de un concurso público, con base en méritos, que asegure la fiscalización ciudadana.
  13. Garantizar una investigación y posterior juzgamiento de los hechos de violencia, por magistrados imparciales.
  14. Revisar las sentencias que han sido emitidas. Se debe valorar la cooperación de jueces internacionales.
  15. Reafirmar que el sistema penitenciario tiene como propósito reeducar, rehabilitar y reincorporar a los reos a la sociedad.
  16. Instar al gobierno a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición; y aceptar la competencia de la CPI sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril.
  17. Investigar y remover a fiscales y funcionarios que incumplieron con el ejercicio independiente de su función u obstruyeron el esclarecimiento de los hechos.
  18. Establecer una carrera fiscal con base en criterios objetivos y el mérito de admisión, ascenso y remoción de fiscales, que incluya al fiscal general.
  19. Nombrar al fiscal mediante concurso público, con base en méritos, que asegure la fiscalización ciudadana.
  20. Impulsar una investigación pronta, independiente e imparcial de los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, para recuperar la confianza en el Ministerio Público. Se recomienda la creación de una fiscalía especial.
  21. Para evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad se recomienda a los estados miembros de la OEA y la ONU iniciar investigaciones y juzgar a los responsables de los referidos crímenes, en el marco de la jurisdicción universal y conforme legislación interna de cada país.
  22. Se recomienda la cooperación internacional bilateral y multilateral, así como de entidades financieras regionales e internacionales para analizar la situación de los derechos humanos del país y el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
  23. Que la sociedad de Nicaragua no deje solas a las víctimas de los hechos de violencia.