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Aunque Nicaragua no ha ratificado a la fecha el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, las normas en materia de prescripción penal no se aplican a los crímenes de lesa humanidad, afirmó este viernes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).

Un día después de salir de Nicaragua por la cancelación de su permiso en Nicaragua, el GIEI) presentó en Washington los principales hallazgos de sus investigaciones sobre la violencia acontecida entre el 18 de abril y el 31 de mayo, responsabilizando a Estado de Nicaragua de “crímenes de lesa humanidad”.

“Cuando un Estado comete crímenes masivos, en general, es porque hay un sistema que lo permite, y eso incluye a las autoridades judiciales (…) los perpetradores sabían que lo podían hacer en plena impunidad”, manifestó Pablo Parenti, miembro del GIEI.

Los crímenes de lesa humanidad, además de que no prescriben, no admiten “amnistías” o normas que traten de impedir el “juzgamiento” de los involucrados, y dan lugar a jurisdicción universal.

“Los otros Estados del planeta pueden tomar intervención y juzgar estos hechos”, dijo Parenti.

La posibilidad de que la Corte Penal Internacional juzgue estos hechos cabe únicamente en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación de Nicaragua a esta jurisdicción, advirtió Parenti.

La responsabilidad sobre estas violaciones recae directamente en las máximas autoridades del país y la jefatura de la Policía Nacional, manifestaron los expertos de GIEI.

La otra opción para que estos hechos sean conocidos por esta corte, es que el propio Estado de Nicaragua, en un futuro formule una declaración de aceptación de la competencia del Estatuto de Roma, que podría ser “retroactiva”.

La represión contra de la población civil, según el GIEI, se cometió de forma “organizada, sistemática (y) sostenida en el tiempo bajo tres figuras: asesinato, encarcelamiento arbitrario y persecución política,” agregó Parenti.

Policías durante un operativo contra protestantes. Archivo/END

En el informe de 463 páginas, el GIEI también responsabiliza a los subdirectores generales de la Policía.

También responsabilizan a las autoridades de la Policía de Managua y del Departamento de Vigilancia y Patrullaje.

“La principal protagonista de la represión en Nicaragua fue la Policía Nacional, y la Policía Nacional actuó en bloques, todas las áreas de la Policía Nacional tomaron intervención, incluso la Policía de Tránsito”, manifestó Parenti.

CIFRAS REVELADORAS

El GIEI determinó que la represión provocó la muerte de 109 personas, más de 1,400 resultaron heridos y a la fecha hay más de 690 detenidos, dijo Parenti.

Aseguran que el uso de armas de fuego, incluso armas de guerra propias del Ejército, para dispersar las manifestaciones “pacíficas” de la población fue “progresivo”.

Policías detienen a manifestantes. Archivo/END

En el contexto de la investigación, los expertos lograron reconstruir algunos hechos que permitieron identificar responsabilidades, agregó Amerigo Incalcaterra, jefe de la misión del GIEI.

En este periodo revisaron más de 10,000 documentos fílmicos y de fotografía, más de tres millones de mensajes en redes sociales, que sirvieron para “desmontar” la hipótesis gubernamental de que todo obedece a un “golpe de estado”.

“De acuerdo a ese análisis, no encontramos ninguna evidencia de eso (golpe de Estado)”, argumentó el jefe de la misión del GIEI en Nicaragua.

Durante su estadía en el país, según Incalcaterra, el GIEI trató de comprender la dinámica de los hechos que desencadenaron la crisis que inició el pasado 18 de abril, y el por qué el Estado reaccionó de forma violenta.

“Llegamos al 18 no por casualidad, llegamos al 18 porque teníamos que llegar al 18; la única diferencia fueron los jóvenes, ningún sector de la sociedad, ni los empresarios, ni la ciudadanía activa pensaba que se daba (daría) algo así”, dijo el jefe del GIEI.

NO HUBO APOYO

Claudia Paz y Paz, miembro del GIE, explicó que los actos investigativos revelaron la falta de “independencia” de los jueces y fiscales, quienes se negaron a trabajar con los expertos a pesar del acuerdo tripartito que firmó el Estado en julio pasado.

Un herido en la catedral, el pasado 20 de abril. Archivo/END

De los 109 casos documentados de muertes violentas, 100 no han sido conocidos por ninguna autoridad judicial, es decir continúan en la “impunidad”.

De los nueve casos judicializados, seis corresponden a víctimas que tenían alguna “relación con el Estado”, revela el informe.

“En ningún caso se ha iniciado proceso en contra de las fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de que hemos visto distintas evidencias que señalan su posible responsabilidad”, dijo Paz y Paz.

En la investigación de estos 109 casos, y el informe lo documenta, existen “graves deficiencias”, que indican que la mayoría de las escenas del crimen no se procesaron.

Otro elemento alarmante, fue la falta de autopsias que en muchos de los casos no se realizaron, y en casos en que se practicaron, fue “vulnerando los estándares mínimos de la materia”, dijo la experta investigadora.

De las 79 víctimas que registraron hasta el 18 de mayo, el Instituto de Medicina Legal sólo pudo dar información de 41 muertos, y apenas entregar 23 autopsias.

El documento, también revela la existencia de once casos donde los familiares tuvieron que firmar un acta de “desistimiento” de la investigación criminal, para que les pudieran entregar el cuerpo de sus seres queridos.

En siete de los casos judicializados, hubo graves deficiencias. “Estamos hablando de muertes violentas, y sólo en un caso se hizo un análisis de correspondencia balística”, denunció Paz y Paz.

El GIEI concluyó que en este proceso la Fiscalía no actuó de forma “objetiva e imparcial, no agotó todas las líneas de investigación”.

“Acusó a personas que podrían ser inocentes”, afirmó la representante del GIEI.

El GIEI pidió al Estado iniciar una reforma integral de las instituciones orientadas a modificar las condiciones que generaron y ahondaron la represión.