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El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó este jueves una sesión extraordinaria donde debatió la crisis de Nicaragua.

El representante de Nicaragua, Luis Alvarado, desconoció el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), acusó a varios países de injerencistas y afirmó que Almagro no merece ser el secretario general de la OEA.

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A continuación El Nuevo Diario presenta el discurso íntegro de Luis Alvarado, delegado de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA.

La delegación del Gobierno de Nicaragua rechaza y desconoce el informe presentado por la CIDH, por la tergiversación de la información, su falta de imparcialidad, y por inscribir su actuación en el proceso de desestabilización contra el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

La actuación de este Consejo Permanente está sincronizada con la acción parcializada e injerencista de los organismos de derechos humanos, del GIEI y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien de forma acusadora y amenazante ha expresado en diferentes lugares y momentos lo siguiente:

En Miami dijo, “es inadmisible completamente que otro país del continente se vaya por el despeñadero de la dictadura, debemos también ser conscientes que no podemos permitirlo y que debemos en cada caso dar las respuestas de la comunidad internacional para asfixiar la dictadura que también se viene instalando en Nicaragua.

En Naciones Unidas afirmó, “siempre hemos dicho que las malas prácticas se propagan, y que las peores prácticas que vemos hoy en día en nuestro hemisferio en el caso de Nicaragua y Venezuela provienen de Cuba. Venezuela y Nicaragua no se convirtieron en dictadura de la noche a la mañana, fue un proceso lento de gobiernos democráticamente elegidos, que desesperados por aferrarse al poder, desmantelaron una por una las instituciones democráticas con el activo apoyo e impulso de La Habana, ahora Cuba continúa en el poder a través de la fuerza bruta y el miedo”.

De igual manera en la conferencia sobre Cuba, del pasado 7 de diciembre en la OEA, el secretario general, Luis Almagro, afirmó otra falsedad sobre existencias de mecanismos de terror y represión que Cuba utiliza contra su pueblo y exporta a Venezuela y Nicaragua.

Sus mentiras y calumnias corresponden a su actuación como instrumento de agente político del imperio norteamericano, interesado en reelegirlo en la secretaría general de la OEA.

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Recordamos como el pasado 14 de septiembre, en ocasión de visitar la zona fronteriza con Venezuela, expresó que no se podía descartar una intervención militar para derrocar al Gobierno del presidente Maduro, todo esto obviamente representa un cuadro sistemático de violaciones a la carta de la Organización de los Estados Americanos.

Rechazamos y condenamos esta nueva maniobra injerencista del llamado Grupo de Trabajo del gobierno norteamericano en contra el Estado nicaragüense, que atenta contra la soberanía, su derecho a la autodeterminación y la no injerencia en sus asuntos internos, en cara contravención de los propósitos y principios de la carta de la ONU, de la OEA y los principios del derecho internacional.

Nicaragua es un país soberano y exigimos respeto a las naciones injerencistas miembros de este Consejo Permanente, subordinados al gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar, empobrecer y agredir a Nicaragua, algunos acompañando la imposición de sanciones unilaterales del Gobierno de los Estados Unidos a nuestro país.

Algunos países del Consejo Permanente de la OEA, continúan siendo instrumentalizados por el Gobierno de los Estados Unidos para lograr su objetivo de cambio de gobierno a través de un golpe de estado en Nicaragua, con esos fines continúan promoviendo estas reuniones del Consejo permanente y otras acciones unilaterales violatorias del derecho internacional, insisten en generar opinión pública, nacional e internacional, en contra del Gobierno de Nicaragua y sus proyectos sociales, insisten en forzar un cambio de gobierno aportando un millonario financiamiento a los grupos extremistas opositores y grupos vandálicos y terroristas del país, incitando a la desobediencia civil y capacitando a líderes locales con alto perfil en las redes sociales.

Denunciamos a este foro y ante la comunidad internacional, que el objetivo del mal llamado Grupo de Trabajo, es promover terrorismo económico, político y social contra el pueblo nicaragüense, que ha vuelto a recupera la paz, la seguridad, la alegría y se dispone con renovadas energías a trabajar arduamente para el progreso y desarrollo socioeconómico del país.

El Consejo Permanente de la OEA debe ponerle fin a su obsesión de querer cambiar por la vía de facto al legítimo Gobierno de Nicaragua.

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A partir de los hechos de violencia que se produjeron a partir del 18 de abril, que tenían como objetivo materializar un golpe de estado, en contra del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y que provocó la afectación de la paz y la seguridad de la población nicaragüense víctima del actuar de los grupos vandálicos y terroristas que provocaron muerte, tortura y la destrucción de la infraestructura de las instituciones públicas del país.

El Gobierno de Nicaragua decidió el 13 de mayo visitar a la CIDH para que realizara una visita In Loco, a fin de observar la situación de los derechos humanos en el país, en el período de la visita realizada la CIDH sostuvo reuniones bilaterales con la Policía Nacional de Nicaragua, el ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ejército de Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que nuestras instituciones informaron ampliamente y documentaron debidamente a la Comisión sobre los procesos ocurridos durante las manifestaciones violentas de grupos vandálicos que habían dejado ciudadanos y policías asesinados y cuantiosos daños materiales a la propiedad pública y privada, a consecuencia de los ataques armados de los grupos terroristas dirigidos y financiados por el Gobierno de los Estados Unidos.

Se le brindaron facilidades a la CIDH para realizar visitas al sistema penitenciario, a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional y al instituto de Medicina Legal en la que pudieron constatar que las informaciones de algunos medios de comunicación sobre detenciones ilegales, torturas y desapariciones, carecían de fundamentos.

Asimismo en seguimiento de los acuerdos del diálogo nacional, se extendió invitación a la secretaría general de la OEA para que brindara acompañamiento a la Comisión de verificación y Seguridad, y a la CIDH para la instalación del MESENI, el que llegó al país el 24 de junio del 2018, permaneciendo hasta el 20 de diciembre en Nicaragua, en la que se le proporcionó amplia información sobre los hechos violentos, secuestros, asesinatos de los grupos golpistas han venido realizando en contra de la Policía Nacional y la población en general.

El lunes 2 de julio de 2918, la DAJ se reunió con la delegación del MESENI encabezada por la comisionada Antonia Urrejola a quien se le facilitó que realizara un recorrido por las instalaciones, tuvo acceso con los detenidos y funcionarios de la oficina legal y del área de control de detenidos y revisión de expedientes.

En aras del fomento de las condiciones para el diálogo y el entendimiento, a pesar de las graves alteraciones al orden público de la seguridad ciudadana, los daños a la propiedad y el entorpecimiento de los servicios públicos, las autoridades policiales accedieron a la solicitud de la Conferencia Episcopal, dejando en libertad a diversas personas detenidas por la comisión de estos delitos de las que el MESENI y CIDH fue testigo mediante la señora María Claudia Pulido, Antonia Urrejola, Paulo Abrao, Fernanda Dos Santos, Roberto Luis Bravo Figueroa y Alexandro Álvarez.

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En fecha 30 de mayo del 2018, el Estado de Nicaragua, manifestando su vocación de paz y garantizando el acceso a la justicia por medio del esclarecimiento de los hechos penales ocurridos durante el intento del golpe de estado, firmó el acuerdo entre la Secretaría General de la OEA, la CIDH y el Gobierno de Nicaragua, para apoyar la investigación de los hechos de violencia acaecidos en el período del 18 de abril de 2018 hasta la fecha en Nicaragua, por lo que el 2 de julio de 2018 un equipo institucional de altos funcionarios del Estado recibieron a los integrantes de GIEI, ocasión en la que se abordó el mecanismo de comunicación y coordinación para el intercambio de información y con base en el párrafo nueve del acuerdo firmado que dice literalmente: “Sobre las bases del presente acuerdo se suscribirá un protocolo de actuación una vez que las partes cumplan con sus respectivas facilidades legales y procedimientos internos”.

De esta forma, el nueve de julio del año en curso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, remitió comunicación al secretario general de la OEA y al secretario ejecutivo de la CIDH conteniendo la contrapropuesta del Estado de Nicaragua al proyecto protocolo de actuación sin que a la fecha se haya tenido respuesta alguna.

Los integrantes del GIEI al margen del protocolo de actuación que se esperaba que fuese acordado entre las partes, procedió a realizar una serie de acciones en violación a los términos del acuerdo, y sin haber firmado el protocolo de actuación, alejándose de lo previsto en sus disposiciones de ser un grupo para coadyuvar y apoyar las investigaciones que las autoridades nicaragüenses lleven a cabo, por lo que las actuaciones del GIEI contravinieron la Constitución Política, el código procesal Penal y las Leyes Orgánicas del ministerio Público y de la Policía Nacional, ya que conforme nuestra legislación, los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos penales son de exclusiva competencia del Ministerio Público y la Policía Nacional.

No obstante, las múltiples evidencias y las denuncias de las víctimas del accionar violento de los grupos vandálicos en las protestas y sus acciones criminales en los llamados tranques de la muerte, los reportes y videos de policías y ciudadanos asesinados con armas de alto calibre, la CIDH caracterizó y lo sigue reflejando aún en sus falaces informes, que dichas protestas fueron pacíficas.

Las aseveraciones de sus informes, además de ser carentes de toda credibilidad, son una afrenta para el pueblo de Nicaragua y los familiares de las víctimas de las atrocidades cometidas por los grupos golpistas, la repuesta de la Comisión ha sido la censura de la información, el callar y tergiversar los hechos alejando a la CIDH en su rol de promoción de los derechos humanos, inscribiendo su accionar en el engranaje del golpe de estado, planificado, organizado y financiado por un sector radical del Gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicaragua.

Eso explica la falta de parcialidad, objetividad y el doble rasero que utiliza en sus informes sobre Nicaragua, porque la Comisión no está preocupada por los derechos humanos del pueblo nicaragüense, sino en cómo contribuir a propagar el intento de las ONG’s pro golpe de estado con el objetivo de restar al gobierno legítimamente constituido en Nicaragua.

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En este marco de acciones injerencistas, denunciamos una vez más la continuación de la política agresiva de los Estados Unidos, de imponer sanciones unilaterales, arbitrarias que agreden el derecho internacional contra la nación nicaragüense, su intento por querer reavivar el accionar de los grupos terroristas en el país para generar el caos y terror entre la población que ha dicho basta a la agresión,

El Gobierno de los Estados Unidos debe poner fin a su política injerencista y desestabilizadora en contra de Nicaragua.

En relación con personas de medios de comunicación en Nicaragua, que están siendo procesadas, el Ministerio Público ha presentado acusaciones por el delito de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, conducta sancionada por el artículo 398 del Código Penal.

Asimismo, por la provocación y apología para cometer delitos impulsados en el odio conforme a las disposiciones del artículo 32 de ese mismo Código Penal.

Los acusados utilizaron los medios de comunicación para propiciar e incitar el odio en cuestiones de discriminación política difundiendo también en las redes sociales informaciones falsas y sin corroborar con la intención de generar zozobra y odio entre los nicaragüenses.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, actúa en el marco de la ley, en estricto apego a los principios del derecho interno en las disposiciones del derecho internacional.

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La Comisión Americana de los Derechos humanos en su artículo 32 sobre correlación de deberes y derechos señala; que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, asimismo señala en su artículo 27 que en caso de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la dependencia o seguridad del Estado, este podrá adoptar disposiciones en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a la exigencia de la situación.

También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 20 que toda apología al odio nacional estará prohibida por la Ley, el artículo 22 de este mismo instrumento internacional establece el libre ejercicio de los derechos sociales el cual solo deberá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sea necesaria en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, pública o del orden público, o para proteger la salud, la moral pública, o los derechos y libertades de los demás.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional actúa en estricto apego al estado de derecho interno y al derecho internacional, con el objetivo de restablecer el orden frente a un intento fallido de golpe de estado, el pueblo de Nicaragua recuperó la paz pero también exige justicia para todos aquellos que cometieron actos de terrorismo y otros delitos contra la paz, la seguridad y el progreso de los nicaragüenses.

Asimismo, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de algunos organismos que bajo la cobertura de proteger los derechos humanos, violaban sus propios estatutos, su razón social y los fines para los que se habían constituido, politizando sus misione y su función al involucrarse en el fallido golpe de estado, y dedicarse a realizar campañas de propaganda mediática para desprestigiar y deslegitimar al Gobierno y justificar las acciones delictivas de los grupos vandálicos y terroristas en contra de nuestro país.

Nicaragua reitera su vocación de paz, y aboga por el fortalecimiento de las buenas relaciones entre los estados, basados en el respeto, cooperación, solidaridad y la igualdad jurídica de los estados.