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Autopsias deficientes, incumplimiento en las fases de investigación en las muertes violentas, detenciones ilegales e indagaciones parcializadas, son algunas de las incongruencias detalladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), una misión enviada a Nicaragua por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA y el gobierno nicaragüense.

“El Sistema de Justicia de Nicaragua, lejos de cumplir con su obligación de protección, se ha constituido en una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos, a través de la crimina¬lización de las ciudadanas y ciudadanos que participaron en las protestas”, reseña el informe presentado en Washington.

De los 109 casos de muertes violentas registra¬dos por el GIEI, apenas nueve han sido judicializados. Archivos/END

Escenas y autopsias

Aunque el informe especifica que al GIEI le fue negado el acceso a los expedientes oficiales en los que se detallan los pormenores de las escenas de los crímenes, los expertos pudieron contar con suficiente evidencia, principalmente de videos, de que tanto la Policía Nacional y dependencias como el Instituto de Medicina Legal cometieron varias fallas.

“Por ejemplo, en redes sociales circularon innumerables fotografías y también un registro audiovisual, que documentan cómo la evidencia balística (casquillos, proyectiles, cartuchos, cápsulas) fue dejada profusamente en la vía pública, sin ser adecuadamente identificada, fijada, recolectada, embalada y analizada. El GIEI también tuvo conocimiento de casos en los cuales lavaron la escena del crimen o no la procesaron, a pesar de que la víctima mortal se encontraba en la vía pública”, detalla el reporte.

Otra debilidad señalada se refiere a los procedimientos de las autopsias, en muchas de las cuales, según el GIEI, se observó que “en los registros gráficos que complementan las autopsias, no hay un patrón de comportamiento claro en relación a las fotografías y su tratamiento; las descripciones de las lesiones muchas veces son confusas y deficientes, incluso se utilizan términos indis¬tintos para describir la evidencia balística recuperada y su relación con las lesiones observadas”.

Tampoco se practicó la toma de muestras de los residuos en las manos de las víctimas, y en la mayoría de las autopsias se observa que quedan pendientes los análisis toxicológicos solici¬tados.

Procesos judiciales

Otro aspecto mencionado en el informe del GIEI, es que en ningún caso se ha iniciado proceso en contra de autoridades policiales, señalados de cometer estos hechos violentos.

De los 109 casos de muertes violentas registra¬dos por el GIEI, apenas nueve han sido judicializados. Seis de esos juicios involucraban a víctimas que estaban relacionadas con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno.

El informe concluye que “la Fiscalía no actuó de una forma objetiva, agotando todas las líneas de investigación. Asimismo, la prueba presentada en el debate, o era insuficiente para un fallo condenatorio o abiertamente contradecía la teoría del caso de la Fiscalía. En estos casos también se utilizó el proceso penal como un instrumento para criminalizar a defenso¬res de derechos humanos, sin que existan pruebas fehacientes que les incriminen en los hechos imputados”.