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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó, durante su estadía en Nicaragua, que existe una “cifra negra” de personas que fueron heridas durante las protestas antigubernamentales, lo que indica que el dato es superior a las 1,400 que se reportan.

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El grupo de expertos confirmó que durante los hechos de violencia hubo “severas irregularidades” y “denegación del servicio de atención médica” por las autoridades de salud.

Esa cifra, según el GIEI, revela únicamente el dato de personas que fueron atendidas en hospitales públicos entre el 18 de abril y 30 de mayo. No incluye a los heridos que recibieron atención en puestos de emergencias improvisados ni en hospitales privados.

Solo en los hospitales privados fueron atendidas, de forma gratuita, más de 800 emergencias entre abril y junio pasado y se realizaron aproximadamente 150 intervenciones quirúrgicas, según los expertos.

En estos puestos de atención privada se recibieron heridos por armas de fuego en áreas vitales, como cabeza, cuello, tórax y abdomen; pacientes atendidos por la ingesta de bananos con alfileres; lesiones en extremidades por armas de fuego y explosiones de morteros.

El Grupo de Expertos determinó inclusive que ese dato de heridos proporcionado en un primer momento por el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “ni siquiera comprende a la totalidad de personas atendidas en hospitales públicos”.

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En su fase investigativa, el GIEI entrevistó a personas “heridas de bala” que no acudieron a un hospital público para ser atendidos.

“La reticencia de los manifestantes a concurrir a los hospitales públicos producto de la desconfianza sobre el servicio de salud pública, permiten asumir que la cantidad de heridos fue mayor”, refiere el documento presentado por el GIEI el pasado 21 de diciembre.

Hechos comprobados

Del total de 1,400 heridos reportados, al menos, 599 recibieron disparos de arma de fuego, refiere el informe.

Lo anterior denota un patrón sistemático de conducta sobre el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra contra los manifestantes, señala el GIEI.

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La mayoría de heridos, según determinaron, presentan secuelas que van desde la pérdida de la visión hasta la pérdida de la locomoción.

Un testimonio de negación médica que impactó al equipo del GIEI y que refleja un caso particularmente “atroz”, es el de una persona que recibió un impacto de arma de fuego en la pierna que le provocó una fractura de tibia y peroné.

Según el GIEI, la víctima fue intervenida quirúrgicamente en un centro privado, donde sin costo alguno le colocaron una placa de platino, un “insumo costoso”.

Para su seguimiento, explicó Pablo Parenti, miembro del GIEI, al segundo día fue remitido a un hospital público donde nuevamente lo operaron y le quitaron la placa de aluminio.

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“La víctima entiende que fue una acción deliberada porque sabían que la herida había sido recibida en acciones de protesta”, señala el informe.

En otros casos, el GIEI constató que algunos pacientes fueron dados de “alta prematuramente”, a pesar del grave estado de salud que presentaban.

Asimismo, las investigaciones determinaron que en los hospitales públicos existió “obstaculización y hasta denegación de información” a los familiares que llegaban a preguntar por las víctimas.

Investigar

Ante la dimensión de este fenómeno, el GIEI recomendó que estos actos deban ser investigados y “juzgados” cuando existan las condiciones en el país.

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Las investigaciones, agregan, deberán determinar qué tipo de órdenes emanó la ministra de Salud, Sonia Castro, y la dirección de cada centro hospitalario.

Asimismo, creen oportuno que se investigue el rol que tuvo la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) en los hechos y qué medidas se tomaron, o no, para garantizar la salud pública a las víctimas de la represión.