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Apoyándose en constancias emitidas por autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de Managua y una resolución judicial, el abogado Decters Carrión Calderón sostiene que la propiedad reclamada como propia por una pareja de la tercera edad en los tribunales capitalinos le pertenece a su representado, Juan Segundo Gutiérrez Arévalo y a otros 18 miembros de esa familia.

La batalla por la propiedad ubicada en la carretera Managua - Masaya y valorada en 1.2 millones de dólares se libra en cuatro juzgados de la capital, dos civiles y dos penales, y hasta el momento Juan Gutiérrez Arévalo ha logrado salir avante.

Pedro Almanza, abogado de Adán Benavidez y Lucía Salazar, al ser consultado vía telefónica sobre la presentación de documentos por parte del abogado de Juan Gutiérrez Arévalo, que acreditan lo contrario de lo que sostienen sus representados respondió: “esos documentos son falsos”.

Los documentos

El abogado Decters Carrión envió a El Nuevo Diario una constancia emitida el 8 de mayo del 2002, donde el director de Titulación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Luis Tellería Ramírez, asegura que en los archivos centrales de la oficina de Titulación Rural, no existe ningún título de Reforma Agraria a favor de Graciela Calero Hernández, a quien el matrimonio Benavidez – Salazar le habría comprado la valiosa propiedad.

El apoderado judicial de Juan Gutiérrez también envió copia de una libertad de gravamen del Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil, emitida el 12 de abril del 2018, donde se indica que la propiedad en disputa en los tribunales está inscrita en la sección de derechos reales a nombre de Juan Gutiérrez Arévalo y otros miembros de su familia.

El abogado Pedro Almanza, al ser consultado sobre la validez de la libertad de gravamen emitida a favor de Juan Gutiérrez, respondió que el referido documento fue hecho de manera “fraudulenta”, agregando que la 1.5 manzana de tierra en disputa está inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del matrimonio de la tercera edad (Adán Benavidez y Lucía Salazar) desde 1993, es decir, desde hace 25 años.

Al referirse a la invasión de la propiedad, denunciada por la pareja de ancianos que ocurrió en junio del 2017, el abogado Carrión señaló que el desalojo de los vigilantes que tenía el matrimonio de la tercera edad cuidando la propiedad en disputa lo hizo la Policía con un mandamiento emitido por la jueza Noveno Distrito Civil de Managua, Eveling González Betancourt, donde da lugar a un amparo en la posesión (de la propiedad) reclamado por Juan Segundo Gutiérrez.

Pero el abogado Pedro Almanza sostiene lo contrario y afirma que el oficio librado por la jueza Eveling Betancourt está fundado sobre una resolución emitida por el juez civil Nelson Larios Fonseca sobre la base de un juicio donde Juan Gutiérrez pidió el amparo en la posesión y que según el apoderado judicial del matrimonio de la tercera edad fue anulado en instancias superiores.