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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves una profunda “preocupación” por el incumplimiento de, por lo menos, diez órdenes de libertad emitidas por autoridades judiciales a favor de personas que participaron en las protestas.

Entre las órdenes de libertad que a la fecha no son acatadas por las autoridades del Sistema Penitenciario, está una a favor de un menor de edad que fue detenido en el contexto de las protestas, recordó la CIDH.

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“La CIDH recuerda al Estado de Nicaragua que el derecho a la justicia se torna ilusorio si las decisiones judiciales no se implementan, o se implementan en forma tardía, y es su obligación garantizar los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas”, advirtió el organismo internacional a través de su cuenta oficial en Twitter.

El maratonista Alex Vanegas, de 62 años, apresado el pasado dos de noviembre, es uno de los casos más emblemáticos que tiene una orden de libertad girada por la jueza Tercero Local Penal de Managua, Nalía Úbeda Obando, hace 24 días, pero las autoridades policiales no cumplen con la misma.

Otro caso es el de Sara Mora Calero, quien tiene una orden de libertad para su hijo, Guillermo Sobalvarro Oporta, emitida por la jueza Nancy Aguirre desde el ocho de octubre del 2018. El joven, además fue citado por la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelación de Managua para este 30 de enero. 

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Por otro lado, está el caso de Ana Gabriela Nicaragua López, de 24 años, a quien la jueza María José Morales ordenó su libertad bajo arresto domiciliar, pero la medida no se cumplió.

La situación de las personas que aún continúan detenidas fue conocida por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la CIDH.

“Esta situación, reportada al Meseni de la CIDH, resulta especialmente preocupante dado el contexto general de privaciones de libertad arbitrarias y/o ilegales en Nicaragua”, señala el mensaje de la CIDH dado a conocer este jueves en horas de la tarde.

Derecho reconocido 

En ese contexto, la CIDH recordó al Estado de Nicaragua que la “libertad personal” es un derecho reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, que entró en vigencia en 1978.

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“Su violación supone el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”, enfatizó. 

Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, expresó que el equipo de la CIDH conoce cada caso denunciado en el país. “Estas últimas semanas hemos tomado conocimiento de personas que están privadas de libertad en Nicaragua, aun cuando hay órdenes judiciales que decretan su libertad”, afirmó. 

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A la fecha, existen más de 600 personas detenidas en el contexto de las protestas que iniciaron el pasado 18 de abril, según organismos de derechos humanos.