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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió 143 medidas cautelares en Nicaragua el año pasado, superando ampliamente las publicadas desde 2007 hasta el 17 de abril de 2018.

El estallido social de abril pasado es lo que disparó las medidas cautelares que dio la CIDH para garantizar los derechos humanos a favor de 143 ciudadanos.

Entre 2007 y el 17 de abril de 2018 la CIDH apenas emitió ocho medidas cautelares.

En ese período la CIDH recibió 112 solicitudes de nicaragüenses que dijeron estar en situaciones de gravedad, sin embargo solo se aprobaron ocho casos.

Desde el 18 de abril pasado, sin embargo, la CIDH actuó a favor de estudiantes, defensores de derechos humanos, sacerdotes, familiares de víctimas de las protestas, un grupo de empresarios, y más recientemente incluyó a periodistas.

“Hubo más demanda y también la CIDH ha generado un mecanismo de respuesta más oportuna y eficiente con Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua)”, dijo a El Nuevo Diario el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.

Paulo Abrao y Antonia Urrejola, dela CIDH. Oscar Sánchez/END

El mecanismo de medidas cautelares, usualmente invocado en el derecho internacional, está contemplado en el artículo 25 del reglamento de la CIDH, con el objeto de salvaguardar la vida de las personas cuando estén expuestas a situaciones de gravedad.

En este contexto, 13 integrantes del Movimiento Estudiantil, entre ellos Lesther Alemán, fueron los primeros beneficiados, el pasado 21 de mayo.

“Sí, la crisis de derechos humanos instalada en el país es la responsable por el número elevado de (medidas) cautelares”, justificó Abrao.

Algunos de los beneficiados, entre ellos estudiantes y periodistas, actualmente guardan prisión, y en este sentido las medidas cautelares sirven para que el Estado garantice sus derechos dentro de la cárcel, dijo Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua de la CIDH.

Existe, según Urrejola, un “principio de buena fe” que obliga a los Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos a cumplir con las medidas decretadas..

EN DIEZ AÑOS

Hasta antes de la crisis, una de las resoluciones que destacaba era la adoptada el 11 de noviembre de 2008 a favor de la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez de Escorcia y para otros miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

De acuerdo con la resolución, los miembros del Cenidh serían blanco de “señalamientos y hostigamientos” por parte de funcionarios públicos a causa de su actividad como defensores de derechos humanos.

Otra de las resoluciones de gran notoriedad entre 2007 y abril de 2018 es la emitida el 22 de agosto de 2017, cuando la CIDH aceptó las medidas cautelares a favor de Francisca Ramírez, la líder del movimiento Anticanal, y de su núcleo familiar.

La lideresa, que actualmente vive en el exilio, corría un “grave riesgo” con motivo de su desempeño como defensora de los derechos humanos de aquellas personas cuyos territorios habrían resultado afectados a raíz del anuncio de la construcción del canal interoceánico, refiere la resolución.

Lesther Alemán fue uno de los primeros que recibió medidas cautelares de la CIDH, tras el estallido de abril pasado. Bismarck Picado/END

A LA CORTE IDH

Del total de casos aceptados en los últimos años, sólo dos -recibidos en el 2015 y 2016- han pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos, (OEA).

Uno de ellos es el caso del asesinato de Francisco García Valle, esposo de la defensora de derechos humanos, María Luisa Acosta, ocurrido el ocho de abril de 2002.

La Corte IDH determinó que el Estado no investigó diligentemente el móvil del crimen.

En el otro caso, la comisión dictaminó que el Estado de Nicaragua es el “responsable internacionalmente” en el caso de violencia sexual sufrida por una niña de nueve años que acusó a su padre.

La CIDH determinó que hubo afectaciones a “los derechos a la integridad personal” de la menor.