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Este miércoles nueve de enero se reunirán los diputados de la Asamblea Nacional para elegir a la junta directiva del Poder Legislativo, que quedaría siempre presidida por el doctor Gustavo Porras, acompañado de los mismos legisladores que han ocupado los cargos directivos en los últimos dos años, indicaron fuentes parlamentarias.

La junta directiva de la Asamblea se renueva cada dos años. Para eso se conforma una directiva provisional a la que se llama "directiva de edad", porque la integran los diputados de menor y mayor edad, con el único fin de convocar a la sesión plenaria en la que se elige la directiva que dirigirá al parlamento durante los próximos dos años.

"Estamos convocados por la secretaria de la directiva de edad, diputada Jenny Martínez para el 9 de enero, ese día, efectivamente, es la elección de la junta directiva", indicó Mauricio Orue, legislador del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).

Porras ocupa la presidencia del Poder Legislativo desde enero del 2017. La directiva la integran siete legisladores de los cuales cinco son del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y dos cargos son para opositores.

Esperan confirmación en otros cargos

María Haydee Osuna, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ha ocupado la tercera vicepresidencia y Alejandro Mejía ejerce la tercera secretaría.

"La junta directiva se mantiene igual según informaron al salir de vacaciones", señaló al respecto Orue.

El FSLN domina el plenario de la Asamblea con 71 legisladores, aunque el expresidente de la República Moisés Omar Halleslevens no ha ejercido su diputación. El PLC tiene 14 legisladores, ALN 2, el PLI 2, el Partido Conservador 1, el partido Alianza por la República (Apre) 1 y el partido indígena Yatama tiene 1.

Durante el 2018, la Asamblea aprobó leyes que fueron consideradas controversiales por sectores sociales y empresariales del país, como la nueva Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que para expertos en el tema, atenta contra el derecho de movilización de los nicaragüenses porque establece un concepto de terrorismo "abierto", que deja a discreción del judicial decidir quién puede ser acusado de terrorista y se corre el riesgo que se dé un manejo político de estos casos.