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En los primeros ocho días del año, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha recibido 40 denuncias de violaciones a los derechos humanos; 36 por detenciones injustificadas y 14 por amenazas y asedio.

Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, dijo que las 40 denuncias formales relacionadas a las personas que participaron en protestas contra el Gobierno, fueron recibidas desde el 1 al 8 de enero.

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“Las capturas legalmente se pueden tipificar como secuestro simple, ya que la detención no fue en flagrante delito ni siguieron los procedimientos de ley para considerarse una detención policial”, dijo Cuevas.

Según la CPDH, las capturas se registraron en Managua, Jinotega, Masaya y Granada, y están ligadas a la criminalización de las personas que participaron en las protestas ciudadanas.

El reporte de la CPDH destaca que también han recibido cinco denuncias a través de llamadas telefónicas provenientes de Madriz y León, pero por formalidad requieren de una denuncia presencial de un familiar para dar el acompañamiento al caso y por la falta de este requisito, no se incluyen en los registros.

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El asesor legal de la CPDH indicó que según los afectados o sus familiares, en ningún caso hubo presentación de orden de allanamiento y captura firmada por un juez, lo cual es una obligación de las autoridades.

“Cuando eso no se hace, es una violación a los derechos constitucionales”, subrayó Cuevas.

Cuevas también resaltó que no todas las capturas fueron efectuadas por policías.

Civiles armados

En algunos casos fueron civiles armados sin ninguna identificación de autoridad, pero los familiares presumen que estos estaban ligados a la Policía, ya que posterior a la captura, los afectados aparecen en las delegaciones policiales en los departamentos o en El Chipote, en Managua.

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"A algunas personas (los agentes de la Dirección de Auxilio Judicial) les informan que su familiar solo estará dos días por investigación, sin embargo, el tiempo de detención es indeterminado. Después de 48 horas en manos de las autoridades, se convierte en detención ilegal, según lo establece el Código Procesal Penal", explicó Cuevas.

El abogado, que está en el área de recepción de denuncias y asesoría jurídica de la CPDH, señaló que además de que la Policía no cumple los procedimientos legales para las capturas, el judicial que lleva la causa tampoco exige la legalidad y da curso al caso.

“A esto se le denomina aberración jurídica" y no pueden descartar que hayan más capturas que no se hayan denunciado subrayó Cuevas.