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Después de un exhaustivo análisis del arto 20 de la carta democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario general de este organismo, Luis Almagro, dijo que este mecanismo provee cuatro hipótesis posibles al momento de aplicarla cuando se vea afectada la democracia en uno de los estados miembros.

“Cualquiera de las hipótesis puede servir para atender una situación de crisis en cualquier estado miembro. Es difícil que un estado miembro se autodenuncie, y por eso en la misma carta democrática los países confirieron que cualquier estado miembro puede convocar la aplicación del artículo 20 de la carta democrática”, indicó Almagro.

En el caso de Nicaragua, Almagro sostiene que el Consejo Permanente de la OEA dispone de múltiples informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Indeoendientes (GIEI), “por lo tanto este Consejo debe tomar una decisión en base a la información de la que dispone”, reiteró Almagro.

“Para el primer punto, donde se analiza si hay o no alteración al orden institucional, solicito que sea el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, para que exponga la situación”, expresó Almagro.

Luis Almagro, secretario de la OEA. Archivo/ END

Al tomar la palabra el secretario ejecutivo de la CIDH, destacó que en base a las investigaciones de especialistas de esta comisión y del GIEI se pudo constatar que el estado de Nicaragua entre mayo y junio utilizó un uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas ciudadanas, causando al menos 300 muertos, miles d eheridos y cientos de detenidos.

Abrao señala que ningún oficial de la Policía Nacional ha sido enjuiciado hasta el día de hoy por reprimir a ciudadanos.

Intervención íntegra de Paulo Abrao sobre la crisis en Nicaragua

"La actuación conjunta de los órganos del Estado nicaragüense  ha sido un factor esencial en la represión de la protesta social y en las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país desde abril de 2018. Estos sistemáticos y generalizados patrones violatorios han sido documentados por la CIDH a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni)  y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)".

"En Nicaragua se han ejecutado acciones desde el alto gobierno, bien planificadas y coordinadas para reprimir de manera violenta, y muchas veces letal, primero, a las manifestaciones de protesta social; obstaculizar o negar la atención médica a personas heridas al manifestarse; cientos de detenciones de personas para castigar la protesta. En una segunda fase, agentes estatales y paraestatales desarrollaron un ataque planificado, con uso de fuerzas desproporcionadas y letal, a los tranques localizados en todo el país en una brutal operación limpieza”.

"En una tercera fase, tuvo lugar la criminalización masiva y selectiva de manifestantes por medio de detenciones ilegales y arbitrarias y el enjuiciamiento con serias violaciones a las garantías judiciales. Una cuarta etapa de represión estatal, recientemente identificada por la CIDH, se caracteriza por la restricción ilegítima de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, mediante la cancelación de la personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil; la exigencia de autorización previa para la realización de protestas y mayores restricciones a la libertad de expresión".

¿Cuáles son las consecuencias que sufriría Nicaragua con la Carta Democrática de la OEA?

"Se observó el incremento de actos de agresión y hostigamiento contra medios independientes y periodistas; la expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes que participaron en las protestas y de periodistas extranjeros; la detención de manifestantes que continúa en las varias ciudades de Nicaragua”, especialmente en las dos útlimas semanas; y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y personas opositoras al Gobierno".

“La CIDH pide a los países de la región que consideren la especial y grave situación que ocurre en Nicaragua, donde actualmente no existe la libertad personal ni derechos ciudadanos al debido proceso, y además hay un irrespeto al mandato de independencia judicial e independencia de poderes, tal como lo señaló un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en su renuncia de ayer”, finalizó Abrao.

Después de lo expuesto por Abrao, el secretario de la OEA dijo que tanto el ejercicio del poder, como las acciones del poder ejecutivo en Nicaragua no están sujetas al estado de derecho y no son compatibles a los estándares de democracia y derechos humanos.

“El ejercicio del poder sobre la base de la represión y torturas no es consecuente con el estado de derecho ni con la criminalización de las protestas y las represión a los medios de comunicación, donde estudiantes han sido acusados de terroristas, y el gobierno mantiene más de 539 presos políticos”, indicó Almagro.

Agregó que el informe presentado el 21 de dic de 2018 por el GIEI, registra múltiples casos de abusos del poder estatal y violencia excesiva contra los ciudadanos.

“El ejercicio del poder en Nicaragua no tiene límite ni contrapeso, pues siguen realizando detenciones arbitrarias y encarcelamientos, manteniendo a los detenidos en condiciones infrahumanas. Estos hechos dejan al descubierto a un estado que actúa al margen del estado de derecho, donde la oposición real ha suido excluida del sistema político, pues la Corte Suprema de Justicia ha cancelado la existencia de partidos políticos y estas prácticas han eliminado el pluralismo político”, asevera Almagro.

Almagro asegura que todos los poderes del estado en Nicaragua son controlados por el poder ejecutivo en Nicaragua, “por lo tanto cuando solicitamos la aplicación del artículo 20 de la carta democrática es porque queremos que Nicaragua, se abra una oportunidad para resolver esta grave alteración del orden constitucional, e instamos a Nicaragua a hacer un uso adecuado de estos mecanismos y procedimientos, basado en la propia carta democrática interamericana”, comentó Almagro.