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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, compartió en su cuenta de twitter una carta enviada por una ciudadana nicaragüense, que la escribió en nombre del Comité pro libertad de presas y presos políticos.

Recibí de Mayra Tijerino carta en nombre de 400 familias de presos políticos en Nicaragua. Su hijo Eduardo, es epiléptico y está en celda de castigo en condiciones inhumanas y torturado. Exigimos su liberación ya y de todos los presos políticos del régimen Ortega-Murillo”, publicó Almagro en su cuenta de twitter.

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La carta, dirigida a todos los cancilleres miembros de la OEA, es firmada por dicho comité integrado por 400 familias de personas detenidas en el marco la crisis sociopolítica en Nicaragua.

La carta señala que según datos preliminares recopilados por este comité, al 8 de enero del 2019 se contabilizaban 740 personas detenidas en el contexto de la crisis.

“De esas, al menos 77 personas se mantienen secuestradas en la Dirección de Auxilio Judicial, (conocida como El Chipote), fuera del término legal de las 48 horas que la ley establece de investigación. La mayoría con más de 15 días e incluso meses de reclusión, sin haber sido presentados ante la autoridad judicial.

La carta dirigida Almagro indica que hay otro número de personas en El Chipote que habiendo sido judicializadas, no han sido trasladadas al Sistema Penitenciario Nacional (SPN).

“Se registran 42 personas en estaciones de policía departamentales y distritales, en condiciones similares a las descritas en El Chipote. Un total de 449 personas están en algunas dependencias del Sistema Penitenciario Nacional, de las cuales 113 ya han sido condenadas, sin que las condiciones carcelarias entre procesados y condenados varíen, ni haya separación de los mismos”, señala parte de la carta que recibió Almagro.

Solo 23 personas enfrentan procesos políticos en libertad provisional, mayoritariamente adolescentes, aunque todos en algún momento sufrieron encarcelamiento en celdas con adultos.

La misiva también indica que hay un número indeterminado de presos y desaparecidos, cuyas familias no han hecho las denuncias respectivas por el justificado temor a represalias por parte de las autoridades.