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La Organización de Estados Americanos (OEA) activó este viernes el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno de Nicaragua, en función del artículo 20 de este instrumento jurídico, en el cual los Estados hicieron una “apreciación colectiva” de la crisis institucional que ha dejado unos 325 muertos.

En la sesión de este viernes del Consejo Permanente de la OEA, el gobierno de Nicaragua mantuvo el abierto respaldo de Venezuela, pero varios países cuestionaron al representante del gobierno de Nicolás Maduro, al decir que el mismo organismo lo declaró “ilegítimo”.

El canciller Denis Moncada, en representación del gobierno de Nicaragua, acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de ser un “instrumento político” de Estados Unidos y pidió a los demás Estados no respaldar la aplicación de la Carta Democrática.

“A nombre del Gobierno de Nicaragua solicitamos el apoyo de las naciones para que las acciones del secretario general no sean aprobadas”, dijo Moncada.

La sesión extraordinaria del viernes la convocó Almagro, quien justificó la aplicación de la carta basado en los resultados del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), que contabiliza 325 muertos, más de 2,000 heridos, 550 detenidos, 300 profesionales de salud despedidos y unos 144 universitarios expulsados.

Durante la audiencia, Almagro señaló que el ejercicio del orden democrático en Nicaragua está “seriamente afectado” por las acciones del Poder Ejecutivo, que no son compatibles con un Estado donde se respetan los derechos humanos y garantías de sus ciudadanos y que, por el contrario, ha “impuesto su voluntad”.

Moncada replicó diciendo que la “ilegal acción” de Almagro pretende arrastrar a los demás Estados miembros de la OEA.

“El Secretario General trata de manipular de forma irresponsable y mal intencionada la interpretación del artículo 20 de la Carta Interamericana (…) La Carta está en contra de sustituir por la fuerza a presidentes, jefes de Estado y de gobierno elegidos a través del sufragio universal”, manifestó Moncada Colindres.

Según Almagro, el ejercicio del poder sobre la base de asesinatos, represión, presos políticos y torturas, no es consecuente con el Estado de Derecho.

“La criminalización de las protestas, las restricciones sobre la prensa, no existe la libertad de expresión, las críticas al gobierno son respondidas con violencia, se han criminalizado las protestas y los estudiantes son catalogados como terroristas”, criticó Almagro.

En su informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI), recoge una serie de casos de los múltiples abusos de parte del poder estatal que constituyen un “ataque directo” a los derechos fundamentales que todo gobierno democrático debe respetar y proteger, señaló Almagro en su intervención durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA.

“Estos actos dejan al descubierto un Estado que actúa al margen del Estado de Derecho”, defendió Almagro.

ANTECEDENTES

El Secretario General explicó que existen una serie de antecedentes que ayudaron a socavar las bases de la democracia en Nicaragua. Mencionó la falta de independencia de los poderes del Estado.

“Todas estas prácticas asfixiaron el pluralismo político en los últimos años (…) la mayoría de la oposición se encuentra fuera del país, han pedido asilo político porque en Nicaragua son perseguidos políticos y temen por su vida”, señaló Almagro.

La sesión de este viernes fue convocada el pasado cuatro de enero con el apoyo de Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú.

La representante de Canadá ante la OEA, Jennifer Loten, en nombre del Grupo de Trabajo de la OEA para Nicaragua, apoyó la solicitud del Secretario General para aplicar la Carta Democrática contra este país centroamericano, y declaró su preocupación por el deterioro de la democracia.

“El artículo 20 de la Carta Democrática es claro, permite que el Secretario General o cualquier Estado miembro solicite que el Consejo Permanente convoque para considerar amenazas al orden constitucional en el hemisferio. Canadá siempre va a poyar la importante función de este consejo”, señaló Loten.

Asimismo, el embajador Carlos Trujillo advirtió que Estados Unidos seguirá responsabilizando al gobierno de Nicaragua por los actos de represión ocurridos en los últimos ocho meses.

El representante norteamericano recordó que se han revocado las visas a personas vinculadas con violaciones de derechos humanos de los nicaragüenses.

Luis Almagro, secretario general de la OEA. Archivo/ END

“En ciertas circunstancias, familiares de esas personas también están sujetos a estas restricciones; no vamos a permitir que disfruten de la entrada a nuestro país y no vamos a aceptar la ruptura del orden democrático”, dijo Trujillo.

OPORTUNIDAD AL DIALOGO

La embajadora de Costa Rica, Monserrat Solano Carboni, quien se unió a la voz de Canadá, expresó que la convocatoria de la sesión extraordinaria al amparo del artículo 20 representa una nueva oportunidad para buscar una solución a la crisis, a través del diálogo.

“Esta oportunidad pasa por detener inmediatamente las graves, masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas contra el pueblo de Nicaragua”, agregó la diplomática costarricense.

La embajadora argentina, Paula Bertol, insistió que el proceso en el marco del artículo 20 faculta al Secretario General a llevar adelante la “apreciación colectiva”.

El apoyo de Venezuela al gobierno de Nicaragua

Asbina Marín Sevilla, representante alterna de Venezuela, acusó a los Estados que supuestamente “ignorar la realidad” de lo que sucede en Nicaragua.

La representante alterna de Venezuela, Asbina Ixchel Marin Sevilla, durante la reciente sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para dar seguimiento a la situación en Nicaragua. EFE/ END“Hoy no existe alteración o ruptura del orden constitucional que permiten invocar el articulo 20 y 21 de este instrumento, sin la voluntad del Estado es ilegítimo”, señaló Venezuela.

Análisis

El exdiplomático y académico, Carlos Tünnermann Bernheim, considera que la sesión tuvo resultados que marcan un buen camino para presionar al gobierno de Nicaragua.

“Para justificar la convocatoria del consejo en función del artículo 20, ellos consideran que en Nicaragua ha habido graves violaciones de los derechos humanos y que tampoco hay independencia de los poderes del Estado, que es un elemento esencial para el orden democrático”, señaló Tünnermann.

La próxima etapa sería una sesión en la que se invite a los cancilleres para invocar la aplicación del artículo 21, a través del cual se logra la expulsión del país de este organismo.

“Me parece a mí que con esto se dio un paso en el camino que va hacia la aplicación del artículo 21, un paso si se quiere pequeño, pero que se tiene que cumplir, que es esta apreciación colectiva”, puntualizó.