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Desde 1994 el prestigioso organismo Human Rights Watch (HRW) no manifestaba preocupación por los derechos humanos en Nicaragua, pero este jueves al presentar su Informe Mundial 2019, señala las graves violaciones cometidas por el Estado nicaragüense contras sus ciudadanos, tras las protestas que iniciaron en abril de año pasado.

“Nicaragua sigue los pasos de Venezuela", afirmó Roth, director ejecutivo de HRW, al destacar la gravedad de la situación en el país centroamericano.

El informe, presentado en Berlín, Alemania, destaca también que “la excesiva concentración de poder en el Ejecutivo” ha permitido al Gobierno nicaragüense cometer “gravísimos abusos contra críticos y opositores con absoluta impunidad”.

Roth señaló al analizar la situación en Nicaragua, Venezuela, Brasil y México, que “el mundo vive tiempos oscuros”.

El informe anual de HRW plantea en su capítulo sobre Nicaragua varios aspectos sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, como represión a la disidencia, acoso a los activistas de derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión, discriminación política, así como el aumento de peticiones de asilo y refugio.

HRW destaca los abusos policiales contra manifestantes, las detenciones sin justificación y la represión contra opositores, protestantes, periodistas y medios de comunicación.

“Autoridades y grupos de armados partidarios del gobierno hostigaron, amenazaron, intimidaron, atacaron y robaron a periodistas y blogueros que informaban sobre las protestas y confiscaron sus equipos”, precisa el informe en uno de sus acápites.

Detalla también que a menudo los periodistas críticos son blanco de desprestigio en redes sociales y medios afines al Gobierno.

Expuso también los allanamientos a la sede y oficinas del semanario Confidencial y los programas de televisión Esta Semana, Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro.

Las expulsiones de corresponsales extranjeros tampoco las pasó por alto. “En algunos casos, se ha detenido y deportado a corresponsales extranjeros. Por ejemplo, en agosto, la policía detuvo en Carazo a la productora de documentales brasileña Emilia Mello, confiscó sus equipos, la interrogó durante varias horas y la deportó al día siguiente”.

El organismo enfatizó que la “represión” ejercida por la Policía y grupos armados afines al partido dejó un saldo superior a 300 muertos, cientos de personas detenidas y procesadas arbitrariamente y más de 2,000 heridos.

“… Agentes gubernamentales son responsables de la mayoría de las 324 personas asesinadas hasta septiembre, una cifra que incluye a 23 niños y niñas, y de casi la totalidad de los más de 2,000 heridos. Algunos asesinatos constituyeron ejecuciones extrajudiciales”, detalla el informe en uno de su acápite.

Precisa también que oficiales de la policía habrían sometido a manifestantes a abusos, que en algunos casos constituyeron “tortura, golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y violación sexual. Numerosas personas indicaron a HRW que las obligaron a grabar video autoincriminatorios”.

Juicios

El organismo tomó nota de las denuncias que en su momento hizo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), al exponer que los manifestantes acusados por las autoridades de terrorismo y otros delitos, están siendo objeto de violaciones al negárseles la posibilidad de elegir sus abogados y reunirse en privado con estos.

En el capítulo dedicado a Nicaragua, —el informe abarca varios países—, explica que los defensores de derechos humanos y otros actores críticos del Gobierno en materia de derechos humanos, también se han convertido en “blanco creciente de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación en línea, hostigamiento, vigilancia, agresiones y persecución judicial”.

“… En julio, en declaraciones públicas, Ortega se refirió a prominentes obispos católicos que habían denunciado abusos del Gobierno como ‘asesinos’ y ‘golpistas’ (…). En noviembre y diciembre, el Congreso canceló la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil a instancias del Ministerio de Gobernación. La policía allanó las oficinas de cinco de estas organizaciones y se llevó documentos y computadoras”, añade.

El despido de personal del Ministerio de Salud (Minsa) y de universidades públicas, presuntamente en represalia por haber participado en las protestas o estar en desacuerdo con las políticas del Gobierno, están incluidos en el documento.