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El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) reseña en un capítulo particular las incidencias que se desarrollaron en las zonas cercanas a los campus universitarios: acciones de represión, víctimas registradas y una particular observación al rol partidario que ha desempeñado a Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), a lo interno de estos centros de enseñanza.

“El cierre de espacios políticos dentro de la Universidad y dentro del movimiento estudiantil, en particular, fue uno de los detonantes de la masividad de las protestas que se iniciaron en abril y de la participación de estudiantes en ellas”, señala el documento.

El Gobierno tildó a estos jóvenes como “delincuentes”. Archivo/END

El texto hace especial énfasis en el hecho que la autonomía universitaria es un precepto establecido por ley, no obstante, los centros de educación superior también han podido ser controlados por el Gobierno, específicamente a través de UNEN.

“Esta organización gremial representativa de los estudiantes de la Educación Superior y Técnico Superior, ejerce la representación estudiantil en los órganos de gobierno universitario —tanto a nivel central como en el ámbito de cada Facultad— y su presidente nacional integra el Consejo Nacional de Universidades”, señala el texto.

Debido al control en el ámbito político universitario, prácticamente no hay espacio para otros sectores políticos fuera del oficialista. En efecto, el actual presidente nacional de UNEN, Luis Andino Paíz, ejerce un liderazgo político de afinidad evidente con el Gobierno de Nicaragua.

“Además, de acuerdo con testimonios recabados por el GIEI, existe una crisis de representatividad de la UNEN respecto del estudiantado que ameritó, incluso, un intento de elecciones anticipadas; sumado a serios cuestionamientos respecto del uso de los recursos presupuestarios que la organización administra”.

Otro aspecto que el informe menciona sobre el control del oficialismo en las universidades públicas se manifiesta mediante “la venta de cargos a cambio de favores políticos; la falta de relevo en cargos temporales y fraudes electorales universitarios y la persecución política contra los académicos que no comulgan con los intereses del partido gobernante”.

Jóvenes protestan en las afueras de la UPOLI, el 19 de abril de 2018. Óscar Sánchez/END

Despertar

Sin embargo, ese "status quo" fue trastocado a partir de abril del año pasado, ya que los recintos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Agraria (UNA) y Universidad Politécnica (Upoli), sirvieron como escenarios para romper con ese control partidario.

En estos campus se libraron varios enfrentamientos entre los jóvenes estudiantes y las fuerzas policiales; tanto en la Upoli como en la UNA, centenares de jóvenes se “atrincheraron” y desde ahí se convirtieron en epicentro para una sociedad que en los últimos 9 meses no han parado de demandar la democratización del país.

El Gobierno tildó a estos jóvenes como “delincuentes”, sin embargo, la inmensa mayoría de los habitantes de las ciudades les enalteció como símbolo de un despertar.

Días sangrientos

El informe precisa que durante los días 19 y 20 de abril en las inmediaciones de los campus de la UNA, Universidad Centroamericana (UCA), Upoli y UNI se desarrollaron manifestaciones que fueron reprimidas con violencia por parte de fuerzas combinadas de la policía y grupos afines al Gobierno.

De acuerdo con el documento, se identificaron cuatro momentos de la represión: en la mañana del jueves 19 de abril, la Policía Nacional utilizó técnicas, equipo y medios disuasivos no letales (bombas lacrimógenas, bombas de luz y sonido y escudos reglamentarios). El segundo momento tuvo lugar la tarde de ese mismo día, ya que las fuerzas policiales comenzaron a usar esos instrumentos de manera directa sobre los manifestantes, ocasionándoles heridas graves.

El tercer momento sucedió el 20 de abril, ese día la policía utilizó armas de fuego contra los manifestantes, restringieron además cualquier ruta de escape. La utilización de munición letal provocó la muerte de tres personas, así como un gran número de heridos.

“El cuarto momento ocurrió la tarde del 20 de abril, se incorporan a la acción represiva estatal grupos de choque pro Gobierno, que actúan en forma conjunta y coordinada con la Policía Nacional, armados, que realizaron acciones violentas en contra de los manifestantes adentro del recinto universitario y durante su persecución. En este momento se registraron dos víctimas letales”, precisa el documento.

Entre las primeras víctimas registradas ese día estaban el adolescente Álvaro Conrado Dávila, Erick Andrés Cubillo Solís, Moroni Jacob López García y Marlon Manases Martínez Ramírez.

UPOLI, caso especial

El informe agrega que en el caso particular de la Upoli, si bien las manifestaciones giraron en torno al recinto universitario, los barrios aledaños apoyaron las protestas, a tal punto que se extendieron a un radio mucho mayor.

Mientras los atrincherados de la Upoli recibían más apoyo, se pudo apreciar también una progresión en el uso de la fuerza, aunque en el campus estudiantil esta se manifestó de manera letal desde un primer momento, pues desde la tarde del 19 de abril mueren Darwin Manuel Urbina Urbina y el inspector de policía, Hilton Rafael Manzanares Alvarado, ambos fallecidos por impactos de bala.

De hecho, los actos represivos contra los manifestantes que se refugiaron en el campus se mantuvieron de manera sostenida entre el 19 y 22 de abril; provocando al menos 10 víctimas mortales en las inmediaciones del campus: Edwin Bismarck Gómez Gómez, Darwin Elías Medrano Pérez, Léster Adán Vindel Picado, Lester José Flores Bracamonte, Danny Stalyng Rivas, Kevin Roberto Dávila López, Kevin Josué Rivas González y Michael Humberto Cruz Sánchez.

Panorama para el país poco halagüeño

La crisis política en Nicaragua cumple este viernes nueve meses. Según diversos informes de organismos de derechos humanos, al menos, 325 personas perdieron la vida en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales y otras 600 están presas, mientras que miles más han tenido que exiliarse para salvaguardar su integridad física.

A juicio de Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), a nueve meses de iniciar la crisis sociopolítica, el panorama que marca el país es sombrío.

“Tal y cual están las cosas en este momento, se observa un panorama sombrío, porque la represión se ha acrecentado, cada vez es más difícil para los medios de comunicación informar al igual que para los organismos de derechos humanos”, dijo Cuevas.

El defensor de derechos humanos reiteró que los niveles de represión gubernamental están pasando factura a nivel internacional, pues se percibe un Gobierno mucho más aislado y calificado como no respetuoso de los derechos de sus ciudadanos, pero también a nivel interno está afectando la percepción del Gobierno.

Consultado sobre si cabe todavía la posibilidad de encontrar una salida dialogada, Cuevas señaló que la llave para que esto se resuelva está en manos del Ejecutivo “a través de una negociación transparente”.