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A nueve meses de la crisis sociopolítica, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil) anunció la creación de un observatorio internacional que estará a cargo de monitorear la situación de derechos humanos en el país.

El observatorio, cuya fecha de creación no fue dada a conocer por Cejil, está conformado por 13 organismos internacionales que trabajan en la defensa y promoción de derechos humanos en diversas regiones del mundo.

Entre los organismos que lo integran están: Cejil, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF) , Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos(WOLA), entre otras.

En su portal electrónico, Cejil explica que la iniciativa del Observatorio surge por las medidas implementadas por el Gobierno de Nicaragua de cerrar instancias “de interlocución para organismos internacionales” así como el “bloqueo de espacios para que la organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos, la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones y el cierre de organizaciones de sociedad civil”.

Ortega no permite observatorios

El Cejil expone también, que la administración de Ortega y Murillo “han cerrado instancias de monitoreo internacional” que en una primera etapa habían invitado a el Mecanismo de Seguimiento de la Situación en Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El organismo mostró preocupación que a nueve meses de haberse producido el estallido social que desencadenó una crisis política y social, la “represión” estatal contra manifestantes, líderes y movimientos sociales aún continúa.

La CIDH estima que la escalada de violencia en Nicaragua ha dejado 325 personas asesinadas, más de 2,000 heridos, 550 detenidos y procesados , 300 profesionales de la salud despedidos y al menos 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) expulsados.

La CIDH también ha dicho que el Gobierno ha cometido crímenes “de lesa humanidad” desde el estallido social en abril del 2018. Actualmente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) está en proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua por considerar que las acciones del Gobierno rompieron el orden constitucional.

Hasta antes del 12 diciembre 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) , recepcionaban y documentaban casos de civiles que denunciaban ser víctimas de asedio, persecución e intimidación por parte de las autoridades y partidarios del partido gobernante.

Pero en la fecha antes indicada, parlamentarios oficialistas aprobaron en la Asamblea una resolución cancelando la personería jurídica de varias oenegés, entre estos la del Cenidh.

Mientras que el director ejecutivo de ANPDH Álvaro Leiva se autoexilio en Costa Rica por amenazas en su contra. Semanas atrás recibió el asilo político en ese país.