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Una misión de 11 eurodiputados llegará a Managua este miércoles 23 de enero y a partir del jueves 24 sostendrá reuniones con representantes de la sociedad civil, partidos políticos y posiblemente con autoridades del Gobierno de Nicaragua, confirmó a El Nuevo Diario una fuente en el Parlamento Europeo (PE).

La delegación la encabeza Ramón Jáuregui, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y miembro de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.

“Es un grupo diverso, de diferentes partidos políticos, no necesariamente siempre hay consenso en estos grupos”, explicó una fuente de la delegación de la Unión Europea en Nicaragua.   

El ministro de relaciones exteriores de España, Josep Borrell, consideró como “una buena noticia" el hecho de que las autoridades nicaragüenses concedieran permiso de entrar al país a esta delegación del Parlamento Europeo.

El domingo, el presidente de la cámara legislativa europea, Antonio Tajani, informó que el Gobierno de Nicaragua había cancelado la misión de los eurodiputados.

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Los legisladores europeos cumplirán una agenda del 24 al 26 de enero en Managua, con diferentes organizaciones, pero el Gobierno no ha informado si se reunirá con la delegación.

La fuente del PE destacó que los eurodiputados vendrán a conocer de cerca la situación de Nicaragua y a ofrecer colaboración en la medida de lo posible, para contribuir a solucionar la crisis sociopolítica del país desatada en abril pasado.

Advertencia 

Por su parte, el Consejo de Ministros del Exterior de la Unión Europea (UE) advirtió este lunes que tomaría la decisión de aplicar sanciones al Gobierno nicaragüense si continúan las violaciones a los derechos humanos. 

Una nota de prensa de la UE, con la declaración del Consejo sobre Nicaragua, señala que este supervisará "atentamente la situación", subrayando "su disposición a hacer uso de todos los instrumentos" y "responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y el estado de derecho".

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Los ministros denunciaron que las recientes medidas contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes, suponen "un nuevo golpe para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles que agrava la crisis política y social".

La única manera de abordar la crisis actual y responder a las necesidades y aspiraciones del pueblo nicaragüense, es "iniciar un diálogo y una negociación verdadera, que incluya la adopción de reformas electorales con el fin de garantizar unas elecciones dignas de crédito que se ajusten a las normas democráticas internacionales", añadieron.

Pidieron a las autoridades poner fin a la represión de manifestaciones públicas, periodistas y medios de comunicación independientes y organizaciones, así como garantizar su seguridad física y estatuto jurídico.

También exigieron liberar a todas las personas "ilegalmente encarceladas" y asegurar el respeto a las garantías procesales.

La Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, dijo que tras las conclusiones de los ministros, no puede decir cuáles serán los próximos pasos a seguir, pero asegura que “están sumamente preocupados por la situación de Nicaragua” y que la señal de este lunes es que están poniendo atención no solo a nivel político, sino humanitario.

Cooperación, en peligro

El ex embajador de Nicaragua en España, Bosco Matamoros, explicó que existe la posibilidad de que la UE suspenda la cooperación bilateral y multilateral al Gobierno de Nicaragua, si no hay una voluntad de solucionar la crisis, pero descartó que esto vaya a suceder a corto plazo. 

“En estos momentos lo que están haciendo es un llamado a la reanudación del diálogo, pero a corto plazo no creo se vaya a retirar la cooperación”, opinó Matamoros.

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Para que un país sea aceptado como beneficiario de la cooperación bilateral o convertirse en un “País Programa”, según Matamoros, debe de cumplir con “un grado de desarrollo, condiciones políticas y financieras”.

En el caso de que el Gobierno de Nicaragua ignore los llamados de la UE y se llegue a la aplicación de sanciones, los más afectados serían “los sectores sociales más vulnerables, a los que en general se dirige la cooperación”, advirtió Matamoros.

El exembajador dijo que los casos de Venezuela y Nicaragua “son similares, pero no iguales”, y las sanciones que podría accionar la UE contra Nicaragua podrían ser diferentes a las que han aplicado a funcionarios venezolanos.

La UE, desde noviembre de 2017, mantiene sanciones contra el Gobierno de Venezuela, que castigan a dirigentes venezolanos “responsables del deterioro democrático y de la represión civil”.

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Las sanciones impuestas por la UE al Gobierno de Venezuela consisten en un embargo de armas, prohibición de viajar y la congelación de activos contra los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho.

Se conoce que, hasta noviembre de 2018, más de 18 altos representantes de cargos en el Gobierno de Venezuela fueron sancionados, entre ellos reconocidos políticos y militares como el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; el fiscal general, Tarek Halabi; el ministro de Educación, Elías José Juan Milano; el secretario general del Gobierno, Xavier Antonio Moreno Reyes y el ministro para Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami.