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El sector empresarial rechazó las acusaciones de “golpistas” que les imputó este miércoles la Policía Nacional en un comunicado, en el que también los señaló de responsables de varios delitos y les negó la solicitud de permiso para realizar una marcha este jueves.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y Funides, solicitaron a las autoridades un permiso para concentrarse y marchar este jueves, de la rotonda Jean Paul Genie hasta la rotonda de Metrocentro, en Managua.

La Policía, además de informarles que no tienen permiso, los acusó de haber promovido “tranques de la muerte” y de ser partícipes del “fallido golpe de Estado de abril”.

Les hizo saber también, a través del comunicado leído por el comisionado general Jaime Vanegas Vega, que les atribuyen una serie de delitos.

La nota policial expresa además que “todos estos delitos continúan siendo investigados por las autoridades competentes”.

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“Nuestro total rechazo a las acusaciones de delincuencia y golpismo; esto para nosotros es totalmente inaceptable, no corresponde con la comunicación de un ente policial, su misión no es juzgar sobre delitos que ni siquiera están imputados”, expresó Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüense  para el Desarrollo Económico y Social (Funides), una de las organizaciones que solicitó el permiso.

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En nombre del sector privado, Chamorro dijo desconocer que en qué fundamenta la Policía esos señalamientos.

“Nosotros hemos estado en la Alianza Cívica y en el diálogo nacional, ese ha sido nuestro trabajo”, declaró.

Chamorro anunció que desistirán de marchar este jueves, para garantizar la seguridad de los nicaragüenses.

La solicitud de la marcha coincidió con la llegada a Managua de una misión de diputados del Parlamento Europeo, quienes evaluarán la crisis sociopolítica que sufre Nicaragua.

Señalamiento grave

El comunicado policial expresa que los empresarios “actuaron delictivamente” contra la Constitución Política de Nicaragua, pretendiendo cambios institucionales “a través de la violencia y el terror”.

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El comisionado Vanegas añadió que la Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua, en su artículo 30 prohíbe expresamente tanto a las cámaras, confederaciones y gremios empresariales nacionales “realizar actividades que no se comprendan con los fines para los cuales fueron constituidas; realizar o participar en actividades de proselitismo político partidarias o religiosas”.

El sector privado había informado que convocó a la marcha por considerarla “oportuna para que los nicaragüenses puedan ejercer su derecho a la libre movilización”.

La Policía informó en septiembre de 2018 que no permitiría ningún tipo de manifestación que no sea autorizada por la misma institución. Desde entonces, las marchas y plantones en el país quedaron suspendidas.

Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó la prohibición de la Policía a la solicitud de permiso para la marcha.

“La prohibición de manifestaciones y la estigmatización de los convocantes constituye una grave violación de los derechos de expresión, asociación y reunión pacífica”, escribió Abrāo en su cuenta de Twitter.

Suspenden marcha

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) emitieron un comunicado conjunto la noche de este miércoles, en el que anuncian su decisión de suspender la convocatoria a la marcha prevista para este jueves, “para evitar poner en peligro la vida e integridad de los asistentes”.

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“Aunque estamos conscientes de que se trata de un derecho que la propia Constitución Política concede a todos los nicaragüenses, sin excepción, no están garantizadas las condiciones de seguridad básica para el desarrollo de la misma”, indica el comunicado.

La nota añade que el sector privado reitera su compromiso “con la defensa de la democracia y la justicia en Nicaragua” y  seguirán “abogando por el restablecimiento de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.