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María Luisa Acosta acababa de concluir sus estudios de secundaria al inicio de la década revolucionaria de los 80. Ese tiempo marcó su vida como hija, esposa y madre.

Al finalizar sus estudios universitarios, asumió como propia la lucha de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, de quienes aprendió que “se puede vivir con muy poco y tener una vida plena”.

En mayo de 2018 formó parte de la mesa del diálogo nacional como representante de la sociedad civil, planteando que la primera “obligación que tiene el Estado es el respeto a la vida”.Ahora ella está exiliada.

Acosta cree firmemente en el incansable compromiso de aquellas personas que integran las organizaciones de derechos humanos, a las cuales el Gobierno les canceló su personería jurídica.

Durante la crisis de abril de 2018 se integró a la mesa del diálogo, y allí usted insistió en que el Estado es el garante de los derechos humanos.

Es que es, precisamente, el Estado el que debe garantizar y respetar los derechos humanos de los ciudadanos, los derechos humanos constituyen la línea que limita el poder estatal frente a las personas.

La principal obligación que tiene el Estado es el respeto a la vida y a la integridad física y moral de sus ciudadanos, por eso lo que ha ocurrido en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018 es inaceptable, como lo han expresado los diferentes organismos internacionales, Unión Europea, Oacnudh y la CIDH, que han venido a Nicaragua.

María Luisa Acosta. Cortesía/END

Entiendo que tuvo que salir del país por amenazas recibidas ¿Qué pasó?

Mientras viajaba por tierra, en mi calidad de coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), con una delegación de autoridades del pueblo indígena Rama y Kriol y de la comunidad negra creole indígena, de Bluefields, fuimos retenidos en el puesto fronterizo de Las Manos, en noviembre de 2017, y aunque después de decirnos que no nos iban a dejar salir del país, nos dejaron proseguir el viaje; a partir de entonces comencé a ser retenida cada vez que salía o entraba al país, sin darme explicación alguna.

En abril de 2018 envié una carta preguntando qué pasaba a la ministra de Gobernación y a la directora de Inmigración y Extranjería, pero no obtuve respuesta alguna.

Y como estamos en la etapa de implementación de la sentencia de la Corte IDH en el caso Acosta y otros versus Nicaragua, 2017, puse en conocimiento de la Corte IDH de tal situación.

Posteriormente, durante mi participación en el diálogo nacional, en el que actué en calidad de miembro de la Alianza por la Justicia y la Democracia, en representación del sector académico como presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN) y junto al padre José Idiáquez, rector de la UCA; la noche del 30 de mayo de 2018, llegó a buscarme a mi casa de habitación una decena de miembros de la Juventud Sandinista, visiblemente armados con piedras, y como no me encontraron, el incidente no pasó a más.

Sin embargo, en ese momento me di cuenta de lo vulnerable de mi situación, ya que como ciudadana de Nicaragua no sentía la confianza de poner la denuncia ante la Policía Nacional y, por ende, sentí que vivía en un país donde no existía ninguna garantía para mi vida o mi integridad física y moral y decidí salir del país; y tres días después lo hice, siendo objeto nuevamente de retención en el puesto fronterizo donde las autoridades de Migración nuevamente iniciaron el ritual de apartarme de la fila, preguntarme en qué trabajaba y ordenarme que esperara mientras hacían algunas averiguaciones, llamaban a Managua, lo que tomaba aproximadamente media hora, hasta que como las otras veces me permitieron reanudar mi viaje.

¿Cree que en las condiciones actuales del país puede retomarse el diálogo?

Lo irónico de la situación de Nicaragua es que el régimen ha acumulado tanto poder, que está en sus manos resolver la crisis por medio de un diálogo franco y sincero con los nicaragüenses, si así lo considerara.

Sin embargo, hasta ahora no parece que esté convencido de que esta sea la salida y continúa apostando a la represión, sin tener éxito, ya que existe una gran resistencia ciudadana; mientras tanto, la situación económica de Nicaragua está llegando a su límite y las sanciones diplomáticas y económicas de entidades internacionales como la OEA, los Estados Unidos y las anunciadas por la Unión Europea no se han hecho esperar, aunque aún no han entrado en vigencia, lo que marca un derrotero incierto para todos los nicaragüenses.

El año pasado a varias ONG se les canceló la personería jurídica ¿Cree que con esa acción pueden detener la lucha de los defensores de derechos humanos?

No, no lo creo, los miembros de las ONG defenestradas son personas de gran conocimiento y experiencia en su trabajo, mística y convicción, y van a seguir trabajando por el enorme compromiso que tienen con el país y con ellos mismos, desde donde se encuentren; como lo han hecho de manera muy visible por la propia naturaleza de su trabajo, los periodistas exiliados en Estados Unidos y en Costa Rica, principalmente.

¿Cómo nace su interés por defender los derechos humanos en Nicaragua?

Yo creo que es algo que nació en mí desde muy niña, y lo veo en algunos de mis nietos, los que se fijan en su entorno, los que piensan en el porqué del comportamiento de la sociedad, y esperan equidad y respeto de las figuras públicas de poder, creo que eso viene con cada uno de nosotros.

Además, el espíritu y la mentalidad independiente de mi padre tuvo gran influencia en mí, las historias de mi madre respecto a la dictadura de Somoza García; específicamente sus narraciones sobre las detenciones ilegales, redadas, motivadas políticamente contra mi abuelo primero, y luego contra mi padre y todos los que eran opositores, conservadores y liberales, cada vez que ocurrían acciones de inestabilidad política el siglo pasado; actos que marcaron su vida como hija, esposa y madre. Situaciones que creímos superadas, pero que la realidad ahora nos demuestra que nunca han desaparecido de la historia de Nicaragua, y que los estudiantes, a partir del 18 de abril, han levantado la voz, queriendo romper estos círculos viciosos de la historia que cada 35 o 40 años se repite.

Acosta participó en el diálogo nacional en 2018. Archivo/END

¿Esas historias de la revolución a las que hace referencia marcaron de algún modo su vida?

Sí, yo pensé que nunca más en Nicaragua viviríamos acontecimientos similares a los de la insurrección popular de 1978-1979, pero en muchos aspectos siento el déjà vú de situaciones de los jóvenes siendo perseguidos y de personas que se han exilado por temor al régimen.

Recuerdo que en esa época me acababa de bachillerar y vi cómo los jóvenes más pobres eran encarcelados, oía que llegaban a sus casas y de allí los sacaban. Nosotros mismos escondimos a mi hermano menor en un clóset por varios días por temor a que se lo llevara la guardia somocista.

Esto me producía mucho temor e indignación, y sentía que no había nada que yo pudiera hacer. Pero entonces me prometí que iba a estudiar Derecho para poder contribuir a una sociedad más justa, no sabía cómo lo haría, pero sí quería marcar una diferencia.

Usted se ha caracterizado por ser particularmente defensora de los derechos de las comunidades indígenas ¿por qué?

Durante la época en que estudiaba mi doctorado en Estados Unidos, con una beca Fulbright, comencé a investigar sobre los derechos culturales y políticos del régimen de autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua, y así nació mi interés por los pueblos indígenas y afrodescendientes y sus instituciones.

Cuando me gradué, regresé a Nicaragua, vine a través de un programa de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) tenía 32 años, jamás había votado en elección alguna y no conocía la Costa Caribe de Nicaragua.

Mi única noción era la de la Geografía de Nicaragua, del doctor Jaime Incer, que estudiábamos en secundaria y nos parecía tan exótico el nombre de la bahía de Monkey Point, sin saber entonces que con esa comunidad trabajaría por casi 20 años de mi vida.

¿Qué podemos aprender de los pueblos del Caribe?

Después de 25 años de trabajar con los pueblos indígenas y afrodescendientes he aprendido que se puede vivir con muy poco y tener una vida plena, pero que todos tenemos derecho a tener oportunidades y que no se les debe privar de ellas a nadie. He trabajado con líderes indígenas y afrodescendientes que hablan español, inglés, misquito y mayangna, pero no escriben ni leen ninguno de esos idiomas.

Gente que vive en situaciones de mucha precariedad, pero que han sabido desarrollar lo mejor de sí.

¿En qué momento o qué hecho marcó su vida para comprometerse con esta lucha en defensa de los derechos humanos?

Vine a trabajar en el Instituto Nicaragüense para el Desarrollo de las Regiones Autónomas (Indera) y en la Bluefields Indiana & Caribbean University (BICU), y me trasladé a vivir a Bluefields. Entre más conocía la realidad de los pueblos indígenas y afrodescendentes más me fascinaba, y a la vez me concientizaba de la discriminación en la que viven; discriminación traducida en el colonialismo interno y específicamente producto de la codicia por parte de las elites políticas y económicas de Nicaragua por los recursos naturales, que tradicional e históricamente les han pertenecido a estos pueblos.

El etnocentrismo del resto del país, en el sentido de asumir por medio de las políticas públicas, como la educación o la salud, que todos somos hombres, hablamos español y profesamos la religión católica, entonces, me comprometí con los derechos humanos de estos pueblos.

Recién llegué a la Costa Caribe, comencé a trabajar en un proyecto de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, con la Comunidad mayangna (sumo) de Awas Tingni en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, que culminó con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 2001.