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El sitio de noticias Dagbladet, uno de los más importantes en Noruega, publicó un video en el cual aparece el jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, hablando con europeos y justificando a la “policía voluntaria”, que son los civiles armados encapuchados que se encargaron de reprimir a balazos las protestas de ciudadanos a partir de abril pasado.

Uno de los europeos consulta a Díaz si es correcto que la policía voluntaria “participó” en contra de los protestantes durante la crisis.

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Díaz respondió: “Pero están debidamente legalizados. Participaron como lo establecen nuestras normas jurídicas, no a como lo establece la derecha nicaragüense”.

El europeo replicó preguntando: ¿por qué algunos agentes estaban enmascarados durante los operativos?

“No todos ellos eran policías voluntarios, también policías nuestros, profesionales, legalmente pueden usar lo que llamamos pasamontaña para proteger su identidad. Entonces, muchos de ellos, que andaban de civil, no eran policías voluntarios, eran nuestros policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto”, respondió Díaz.

Los operativos de estos civiles armados y encapuchados, se conocieron como “operación limpieza” en Nicaragua y su actuar ha sido criticado por organismos locales e internacionales.

Estas declaraciones de Díaz son las primeras que se conocen del jefe policial sobre las acciones ejecutadas por los llamados parapolicías.

¿Cómo surgieron los parapolicías?

La noche que lo capturaron, “Juan Pedro” —nombre supuesto para proteger su integridad— había salido a comprar un regalo de cumpleaños para su mamá.

En el camino, decidió llamar a una amiga a quien había conocido en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) cuando ambos llevaban víveres a los estudiantes que protestaban contra el Gobierno, dentro de ese campus.

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“Creo que eran como las 7:00 p.m. cuando salimos de la pastelería, íbamos a buscar un taxi, cuando de repente apareció un tipo encapuchado que nos apuntó con su arma y gritó ‘al suelo’, pero nosotros en lugar de obedecerlo salimos corriendo, él detonó su arma y el disparo me dio en el pie izquierdo”, rememora Juan Pedro.

Los parapolicías en Nicaragua son señalados de cometer represión. Gerald Campos/END

Esa noche, el joven de 20 años se convirtió en una víctima de los parapolicías, civiles armados encapuchados afines al gobierno; los mismos que después fueron calificados como “policías voluntarios”, por el mismo Gobierno.

Estos parapolicías, como los identificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comenzaron a operar en diversos puntos de Managua a mediados de mayo, apresando a ciudadanos que estaban protestando desde en abril, cuando comenzó la crisis en Nicaragua.

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En su relato, Juan Pedro afirma que casi al mismo tiempo en que le dispararon, se plantó frente a él un grupo de hombres vestidos de negro y los rostros cubiertos y le apuntaban con armas de guerra.

“Sentía algo caliente en mi pie, dejé de correr, porque apareció ese grupo; y el que me había disparado me golpeó en la espalda con la cacha de su arma. Cuando caí al suelo, los demás comenzaron a golpearme. Después me arrodillaron, me pusieron unas bridas en las manos, una pañoleta sobre los ojos y me subieron a un vehículo (microbús), donde siguieron golpeándome en las costillas”, relata.

Los parapolicías han participado en los desmantelamientos de bloqueos y en capturas de protestantes.

El joven recuerda que después de un rato, el vehículo detuvo la marcha, a él lo bajaron y lo metieron a una casa. Allí estuvo encerrado en un cuarto, amarrado y con los ojos vendados toda la noche. Al amanecer empezó el primero de siete días de interrogatorios continuos. Las golpizas eran parte de la rutina.

“Ellos (parapolicías) querían que grabara un video asumiendo la responsabilidad por varios delitos, como saqueos, violaciones, tráfico de armas, asesinato. Siempre que me interrogaron estuvieron con el rostro cubierto y apuntándome con las armas. Nunca se identificaron como policías, ni tenían uniformes”, dice.

Ilegales

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insistió la necesidad del desarme de los parapolicías, para frenar la represión y que hubiera diálogo en Nicaragua. “Llamamos directamente a la desarticulación de grupos que no están identificados como parte del Estado, grupos armados a los cuales se les atribuyen actos de violencia”, reiteró en agosto el coordinador de la misión de Acnudh, Guillermo Fernández Maldonado.

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Salvador Marenco, quien fue abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explica que los parapolicías no están concebidos en la legislación nacional, y por eso los califica como “un colectivo ilegalmente armado”.

“Trabajan con el conocimiento y la aceptación del Estado, que muchas veces es el que los arma, los financia o simplemente los deja operar. Eso es ser un parapolical”, dice Marenco.

¿Cuándo empezaron a operar los parapolicías? Según testimonios, videos y fotografías difundidas en las redes sociales y medios de comunicación, estos civiles armados comenzaron a tener una presencia cada vez más agresiva a finales de mayo e inicios de junio.

Primero actuaron en Managua, después en los departamentos de Carazo, Boaco, León, Matagalpa, Granada, Masaya y Rivas, entre otras zonas.

Los hombres visten de civil, encapuchados, con botas y portan armas de guerra, movilizándose en vehículos civiles.

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En el informe de la CIDH “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, publicado en junio pasado, se lee lo siguiente:

“La CIDH observa que en la medida en que la resistencia de la población civil se ha mantenido tras las protestas iniciales de abril, el accionar de los grupos parapoliciales ha ido evolucionando a otras formas de violencia que han dejado como resultado las muertes o lesiones físicas y sicológicas de personas manifestantes, estudiantes y civiles que no estaban participando en las protestas o realizando acciones de resistencia”, señala el documento.

Los parapolicías han participado en los desmantelamientos de bloqueos y en capturas de protestantes.

Sobre este punto, el abogado Marenco comenta que la forma de actuar de los parapolicías “es sumamente agresiva contra los manifestantes, a los cuales suelen golpear salvajemente cuando los capturan, y para ello se valen no solo de sus puños, sino también de objetos como armas y tubos”.

Juan Pedro asegura que algo parecido sufrió él mientras lo tuvieron secuestrado.

Admite que tuvo que acceder a grabar el video que le exigían para ser trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde permaneció detenido ocho días más hasta que disminuyó la inflamación que le causaron los golpes y sanó la herida superficial en su pie izquierdo.

A Juan Pedro, lo dejaron en libertad sacándolo por un portón trasero de la DAJ, según relata.

“El nivel de salvajismo que te imprime un parapolicial durante una detención es mayor. Rompen puertas, si la captura es en una casa; amenazan con las armas a menores de edad, a mujeres embarazadas, ancianas, golpean; pero también se les ha vinculado con centros clandestinos de detención en donde han llevado a jóvenes para golpearlos, torturarlos”, afirma Marenco.

Oeganismos han pedido desarmar a los parapolicías. Gerald Campos/END

¿Quiénes son los parapolicías?

El consultor civil en temas de seguridad y gobernabilidad, Roberto Cajina, agrega que en las imágenes que trascendieron en videos durante la crisis era evidente que las personas que integran esos grupos tienen conocimientos en el manejo de armas, en la forma cómo se conducen durante los operativos, “plegándose a la pared para desplazarse, montando guardia y puntos de vigía; era evidente que dominan ese tipo de entrenamiento”.

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Los parapolicías son señalados de haber provocado, el 16 de junio de 2018, un incendio en la casa de habitación de la familia Velásquez Pavón, en el barrio Carlos Marx, en Managua, donde murieron seis miembros de la familia, cuatro adultos y dos menores de edad.

La CIDH hizo varias recomendaciones al Gobierno, una de ellas relacionada a los parapolicías que no ha sido cumplida. En su reporte señala: “La CIDH reitera que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de no permitir la existencia de grupos de terceros represivos, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del estado de derecho”.

La figura legal del policía voluntario fue aprobada el 15 de noviembre de 1983, por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, con el propósito de incorporar a la comunidad en las labores preventivas contra el delito, recuerda Pablo Cuevas, director jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Posteriormente, en la Ley 228, que es la ley orgánica de la Policía Nacional, y la Ley 872, que reforma a la primera, se establece la figura del policía voluntario, precisando que ese agente solo hace labores preventivas y no coercitivas.

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La ley establece que el policía voluntario en el ejercicio de sus funciones debe estar plenamente identificado con su uniforme y el trabajo que él realiza tiene que ser supervisado por los policías profesionales.

En eso se basan los representantes de organismos de derechos humanos para señalar como ilegal que los supuestos policías voluntarios actúen con el rostro encapuchado y utilicen armas de uso restringido, como fusiles de guerra.

Los parapolicías han participado en los desmantelamientos de bloqueos y en capturas de protestantes.

De acuerdo con la información disponible, los parapolicías han sido causantes de varios capítulos trágicos durante las protestas, como el ataque a la marcha del Día de las Madres, el 30 de mayo, dejando un saldo de al menos 15 personas muertas y otras 119 heridas en Managua, Estelí, Chinandega y Masaya.

Juan Carlos Arce, quien fue director de Programas Institucionales del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), al referirse al tema, se resiste a llamar como policías voluntarios a los parapolicías.

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“Yo cuestiono rotundamente que se les llame policías voluntarios a los paramilitares que ha utilizado el Gobierno para aplastar las protesta social, no son policías voluntarios, porque usan armas de guerra y no tienen distintivos”, señaló Arce.

“A quienes hemos visto en la calle son personas encapuchadas que no se identifican con el cuerpo policial, porque la misma ley establece que el policía voluntario debe estar plenamente identificado”, sostiene el activista de los derechos humanos.