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Un nicaragüense detenido por las autoridades migratorias estadounidenses, John Evari Martínez Picado, de 29 años, lleva seis días en huelga de hambre en una cárcel del estado de Nuevo México, pidiendo que intercedan por él para que no lo deporten a Managua, donde supuestamente ha sido amenazado por simpatizantes del gobierno y tiene orden de captura.

La delegación en Miami de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha identificado 180 casos de nicaragüenses que se fueron a Estados Unidos huyendo de la crisis sociopolítica y hoy están en detención migratoria, informó el director de este organismo, Marcos Carmona.

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Indicó que una de las medidas alternas de la Corte Migratoria, para liberar a los indocumentados, es la fianza, pero esta puede ser de hasta US$45 mil. Eso le permite al migrante esperar en libertad la decisión del juez, de si le otorga o no el asilo en Estados Unidos, pero es una suma muy elevada para una persona que está huyendo de su país por razones políticas, comentó Carmona.

La esposa de Martínez, quien pidió no ser identificada, afirmó vía telefónica que él está en la lista para ser deportado el 22 de febrero, luego que una Corte de Asilo de ese estado le negó ese beneficio, indicando que los elementos que aportó para demostrar que su vida está en riesgo, eran insuficientes y lo enviaron al Centro de Procesamiento del condado de Otero.

John Evari Martínez Picado

Entre la documentación mostrada por John Evari Martínez estaban capturas de pantalla del sitio pro-Gobierno Nicaragua, en que lo señalan de asesino de policías y “tranquista”; cartas de los movimientos cívicos en las cuales hacen constar su apoyo a las protestas; y una carta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde denunció la persecución que sufría.

“El juez dijo que esos documentos eran fabricados y no le creía nada”, comentó la esposa.

Agregó que el juez le manifestó que había centenares de casos de ese tipo, de personas con la única intención de tener beneficios económicos en Estados Unidos. 

Apelación

“El 14 de enero interpuso una apelación, envió la solicitud, entre otros documentos y un pago en cheque que se debía tramitar, pero la sorpresa es que se lo dieron por perdido”, afirmó la esposa de Martínez.

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Agregó que en el penal Otero II le presentaron un documento para firmar su deportación, y al negarse, los oficiales de la penitenciaría le dijeron que con firma o sin firma ya tenía su boleto de regreso a Nicaragua.

“Es por eso que se fue a huelga de hambre. Se metió en un sitio que le dicen El Hoyo y de ahí no sale”, relató la esposa. 

Según la esposa de Martínez, él se fue del país debido a las amenazas que le hizo gente afín al gobierno, por haber participado en marchas y recolectar víveres y medicamentos para los estudiantes que se tomaron la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).

Durante las protestas, el 29 de abril, John Evari Martínez Picado fue detenido por la Policía y en la Dirección de Auxilio Judicial (El Chipote) lo golpearon, asegura su esposa.

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Días después lo liberaron por gestiones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Como es originario del departamento de León, se fue a Malpaisillo, donde los partidarios del gobierno lo señalaron por unirse al movimiento de manifestantes del lugar.

Al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, Martínez se entregó a una oficina de Migración para pedir el asilo. De ahí fue pasado a un centro de detención temporal y luego a un centro penitenciario.

Su esposa afirma que recibió amenazas de muerte por redes sociales, que incluían fotos de la esposa y los hijos bajando del vehículo, papeles con mensajes intimidatorios que dejaron bajo la puerta de la casa, amenazándole con quemar la casa. 

“En una de tantas llegaron (los policías) y sin ninguna orden allanaron la casa en Malpaisillo, buscándolo a él”, dijo. 

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Dijo que su marido se fue de Nicaragua el 22 de septiembre, cruzando la frontera por puntos ciegos, porque giraron orden de captura en su contra.

Al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, Martínez se entregó a una oficina de Migración para pedir el asilo. De ahí fue pasado a un centro de detención temporal y luego a un centro penitenciario.

El director de la CPDH informó que conocieron este caso a través de su delegación en Miami y están realizando gestiones, entre estas enviar cartas a congresistas y senadores estadounidenses para que, humanitariamente, le brinden otra oportunidad al joven Martínez Picado, porque corre peligro en Nicaragua si lo deportan.

“Nos preocupa que muchos de los que se fueron huyendo de Nicaragua, en Estados Unidos están en centros de detención. Y más aún, que algunos ya tienen orden de deportación y aquí en el país tienen orden de captura por haber participado en marchas”, comentó Carmona.