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Vilma Núñez de Escorcia, directora y representante legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), interpuso este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso por inconstitucionalidad, contra un decreto legislativo que ordenó cancelar la personería jurídica de este centro dedicado a la defensa de los derechos humanos e Nicaragua.

Núñez explicó que el recurso es dirigido contra el diputado Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, donde el pasado 12 de diciembre se aprobó un decreto en el que se le cercenó las operaciones al Cenidh y al organismo Hagamos Democracia, que preside Luciano García.

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“En nuestro carácter de socio y representante legal del Cenidh estamos  interponiendo este recurso por inconstitucionalidad contra el poder legislativo, que sin ningún fundamento y violando todas las normas constitucionales que nos amparan, nos arrebató nuestra personería jurídica”, declaró la directora del Cenidh.

La defensora de derechos humanos, de 82 años, insistió que, aunque no reciban respuesta de las autoridades del Gobierno de Nicaragua, van a agotar todas las vías  de reclamo.

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“Vamos hacer uso de todos los recursos legales que la ley establece para nuestra defensa, haya o no respuesta, nosotros esperamos que la situación en que se encuentra el país haga reflexionar a los poderes del Estado”, expresó Núñez.

Asimismo, la doctora Núñez exigió a los magistrados de la CSJ que “recapaciten, que no se sigan involucrando en las cosas que hace el gobierno y hagan su trabajo”.

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Las labores de defensa de derechos humanos del Cenidh, según Núñez, continúan realizándose en Nicaragua, pero desde otras instalaciones, pues sus oficinas continúan tomadas por agentes policiales desde el 14 de diciembre del 2018.

El 13 de diciembre del año pasado la mayoría parlamentaria sandinista, integrada por 70 diputados, también aprobaron la cancelación de la personería jurídica de cinco Organismos No Gubernamentales (ONG), entre ellos, la del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), dirigida por el periodista Carlos Fernando Chamorro, y el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), que preside Mauricio Zúniga.