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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró este miércoles que el Gobierno de Nicaragua debió tomar en cuenta el tema de los derechos humanos, además de los aspectos económicos y financieros, para aplicar las reformas al sistema de seguridad social.

Los señalamientos de la CIDH se basan en las consideraciones de su Relatoría Especial sobre Derechos Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca).

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Según esta relatoría, las reformas tienen un potencial “impacto negativo” para los derechos humanos de la población nicaragüense, en particular para “los derechos laborales, el derecho a la seguridad social y los derechos de las personas mayores”.

La adopción del decreto presidencial número 06-2019, publicado el 1 de febrero, que contiene las reformas al “Reglamento General de la Ley de Seguridad Social”, tiene a primera vista un carácter “regresivo”, señaló Redesca a través de la CIDH.

Con la reforma, los trabajadores sufrieron un incremento en su cotización, al pasar de 6.25% a 7%.

Por su parte, los empleadores (con más de 50 trabajadores) deberán aportar 22.5% al seguro social en concepto de cotización por cada asegurado.

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Antes, la cotización del sector empresarial era de 19%; es decir, que el incremento fue de 3.5 puntos porcentuales.

Además, los empleadores con menos de 50 colaboradores tendrán que pagar 21.5% por cotización de cada asegurado.

La CIDH considera que hubo un retroceso con la aprobación de las reformas al Seguro Social.

Estas reformas se adoptaron sobre la base de la resolución 1/325, del 28 de enero de 2019, publicada por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Redesca señaló que recibió información de que las reformas se aplicaron sin un “apropiado proceso de consultas, información y diálogo”, en el que participaran los diferentes sectores afectados.

“Un decreto presidencial no resulta la vía adecuada para la realización de reformas que afecten derechos sociales y puedan suponer retrocesos en relación con los niveles de progreso ya alcanzados por Nicaragua en el cumplimiento de obligaciones relativas a Desca (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales)”, señaló la relatoría.

Libertad de expresión

Por otro lado, la CIDH también alertó sobre una escalada de graves ataques a periodistas y medios de comunicación en Nicaragua y detenciones injustificadas.

Según la CIDH, existe una “ofensiva” para cerrar y censurar medios de comunicación independientes.

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Al respecto, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, señaló que democracia y estado de derecho es “incompatible” con la criminalización que vive la prensa independiente en el país.

“Reiteramos el llamado a que el Gobierno de Nicaragua se abra al escrutinio internacional en materia de derechos humanos”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

La CIDH recibió una serie de denuncias sobre prácticas de detenciones arbitrarias que guardan distancia de lo que ordenan las leyes del país en una sociedad democrática.

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“Se trata de un conjunto de prácticas que reflejan el uso de la privación de la libertad como un modo de criminalizar, sancionar y neutralizar la protesta social”, puntualizó su comunicado.

La CIDH también expresó preocupaciones sobre la salud de las personas detenidas, en particular el caso de María Mercedes Chavarría, quien tiene parte del cuerpo paralizado sin que se le haya provisto “atención médica”.