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El Gobierno de Nicaragua pretendió negociar con la oposición su controvertida propuesta de reformas a la Ley de Concertación Tributaria, en medio de la crisis sociopolítica local, pero nadie atendió su llamado, afirmó este jueves el líder de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.

"Las medidas (reformas) pretendían hacernos negociar y nadie llegó", dijo Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), compuesta por prestigiosos empresarios y economistas.

La Asamblea Nacional, que según el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez pretendía aprobar la propuesta del Ejecutivo la semana pasada, invitó a diversos sectores para discutir las reformas, pero únicamente acudieron grupos afines al Gobierno de Nicaragua.

"No se negocian impuestos mientras existan prisioneros políticos, medios cerrados y violación a derechos (_) Ahí las tienen", las reformas, sin aprobar, resaltó el líder opositor.

Chamorro se refirió a los cientos de personas presas por expresar su posición en contra del Gobierno, los medios de comunicación que han sido clausurados por su perfil independiente, y a actos de "represión" del Ejecutivo, principalmente a través de la Policía Nacional.

Juan Sebastián Chamorro. Archivo/END

El Gobierno ha propuesto elevar el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias.

El Gobierno busca recaudar 10.168 millones de córdobas (313,3 millones de dólares), el equivalente al 2,3 por ciento del PIB, en un intento por paliar la abrupta caída de la economía, en un 4 por ciento, a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país.

La propuesta ha sido rechazada por casi todos los sectores de la sociedad nicaragüense, que han advertido que la misma no resuelve el problema de fondo, como es la crisis sociopolítica del país.

Organismos humanitarios cuentan además 767 manifestantes capturados, mientras que el gobierno reconoce 340 reos, a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La CIDH ha señalado al Gobierno de Nicaragua de practicar crímenes "de lesa humanidad" y la Organización de Estados Americanos (OEA) ya inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional.