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Un grupo de diputados que integran la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en la Asamblea Nacional, interpuso este jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso por inconstitucionalidad en contra del decreto presidencial que reformó el reglamento general de la Ley de Seguridad Social que aumentó el porcentaje de las cotizaciones mensuales tanto al empleador como al trabajador.

“Los artículos 38, 61, 82, 106 y 114 de la Constitución Política del país son violentados por ese decreto y afectan a la ciudadanía, porque además se disminuyen las asignaciones a los familiares de quienes han cotizado y afecta los derechos de la familia, trastocando también los artículos 70 y 71 de la Constitución”, explicó Jimmy Blandón, jefe de la bancada del PLC, que interpuso el recurso.

Técnicamente el recurso se interpone contra el presidente Daniel Ortega y contra Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Hasta el momento es el primer instrumento jurídico interpuesto contra este decreto aprobado el pasado 18 de enero por el Consejo Directivo del INSS.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), anunció que su equipo técnico prepara un recurso por inconstitucionalidad contra el mismo decreto, sin embargo, hasta el momento no lo han introducido.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció recientemente haciendo ver que las reformas establecidas en la orden administrativa del INSS viola los derechos humanos de los nicaragüenses.

“El artículo 46 de la Constitución Política establece la protección estatal y reconoce los derechos inherentes a la persona humana, la promoción y protección de los derechos humanos y hace propios del Estado nicaragüense los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, explicó Blandón.

También, el Estado debe cumplir “la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que son disposiciones en las que se protegen los derechos ciudadanos en materia de desarrollo social”, afirmó el diputado del PLC.

Unos 750 mil cotizantes afiliados al Instituto de Seguridad Social, aportarán cada mes más al subir de un 6.25 a un 7 % el monto que deben tomar de su salario para ser entregado al INSS.

Mientras, el empleador formal pagará 22.5%, cuando antes de la reforma esa cifra era de 19%.