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La Policía de Nicaragua inauguró este jueves una nueva sede de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, que incluye la construcción de más cárceles, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano, en la que cientos de personas han muerto o fueron arrestadas en protestas contra el gobierno.

La sede, que tiene un área de construcción de 3,530 metros cuadrados, costó 5.6 millones de dólares, y llevará el nombre de Complejo Evaristo Vásquez Sánchez, en memoria de un sub comandante, fundador de la Policía Nacional, informó la institución a través de medios oficialistas.

El nuevo edificio cuenta con 15 cárceles, cada una con capacidad para 6 personas, divididas en "hombres, mujeres y especiales", según la información oficial.

También tiene un área para reconocimientos, visitas de abogados, y una sala de servicios médicos para atender a reos enfermos, de acuerdo con el reporte oficial, que no brindó mayores detalles.

El primer comisionado Francisco Díaz manifestó a medios oficialistas que este edificio fue construido con fondos del Presupuesto General de la República, "gracias al decidido apoyo del presidente... comandante Daniel Ortega Saavedra", expresó Díaz.

Actualmente, la Dirección de Auxilio Judicial cuenta con una sede en el costado oeste de la Laguna de Tiscapa, en el centro antiguo de Managua, conocida como "El Chipote".

Diferentes organismos defensores de los derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones a "El Chipote", como supuesto centro de torturas de la Policía nicaragüense.

Las denuncias se multiplicaron en 2018 a raíz del estallido social de abril pasado, ya que cientos de personas que ingresaron al lugar luego aparecieron golpeados, fracturados, según las organizaciones humanitarias, que incluso han denunciado violaciones sexuales.

La nueva sede de la DAJ se ubica en el barrio Memorial Sandino, al sur de Managua, una zona menos céntrica que la de El Chipote.

El nuevo edificio cuenta con 15 cárceles.  Cortesía  Policía Nacional/END

La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que el Ejecutivo sólo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Organismos humanitarios cuentan además 767 manifestantes capturados, a quienes llaman "presos políticos”, mientras que Ortega reconoce 340 reos, a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".