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Treces días le tomó a la Fiscalía  darse cuenta que al campesino Ronald Iván Henríquez Delgado, de 37 años, a quien le imputa el delito de portación ilegal de armas, debió acusarlo en el juzgado Local Penal de Buenos Aires, municipio de Rivas y no en  los tribunales capitalinos.

Esto salió a la luz porque este jueves la fiscal auxiliar Jahaira López Fonseca pidió a la jueza Séptimo Local Penal de la capital, María Lourdes Corea, se declarara incompetente jurisdiccionalmente para conocer del juicio promovido contra el dirigente campesino.

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“Tomando en cuenta que no se trata de hechos de relevancia nacional, que no  existe pluralidad de hechos (delitos)  y tampoco de acusados por su autoridad, ni se trata de un hecho grave”, expresó la representante del Ministerio Público.

La petición fue hecha por la Fiscalía antes que iniciara la audiencia inicial para Henríquez Delgado, quien antes de ser llevado a los tribunales capitalinos por primera vez el sábado 26 de enero del año en curso, estuvo dos meses preso en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.

Henríquez Delgado fue capturado por la Policía el 26 de noviembre en Buenos Aires, municipio de Rivas, al encontrarle presuntamente un rifle de cacería calibre 22, refirieron sus parientes.

Dos meses de detención ilegal

Durante los 60 días de encierro en las cárceles de El Chipote, Henríquez no recibió maltrato físico, pero sí psíquico, refirió una pariente que esperó el resultado de la audiencia de este jueves en las afueras del Complejo Judicial Central Managua.

Ronald Iván Henríquez Delgado fue capturado por la Policía el 26 de noviembre en Buenos Aires, municipio de Rivas. Foto: Ernesto García/END

“Él nos dijo que en El Chipote no lo golpearon, pero si le decían que se declarara culpable, que dijera dónde estaban las armas; que aceptara su culpa para que pusieran libre a su mamá y su hermana”,  refirió  la entrevistada, quien aclaró que ningún otro pariente del reo estuvo en prisión.

El abogado defensor Boanerges Fornos, aunque estuvo de acuerdo con la resolución de la jueza Lourdes Corea de declararse incompetente por territorialidad, señaló que la decisión de petición solo tiene el propósito de desgatar a la defensa.

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“La Fiscalía sabía desde la audiencia que usted no es la competente para conocer de este caso, pero esperó hasta hoy (jueves) para pedir la incompetencia con el propósito de desgastar al acusado y a la defensa”, expresó Fornos.

Protesta de la defensa

El abogado defensor del campesino protestó porque la jueza Corea, al declararse  incompetente para seguir conociendo del proceso, también decretó la suspensión del plazo máximo del proceso que es de 30 días con procesado  en prisión.

“Con todo respeto le digo que la incompetencia jurisdiccional no está entre las causales que el Código Procesal Penal establece para que se suspendan los plazos de máximos de duración del proceso”, reclamó el abogado defensor a la judicial Corea.

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Seguidamente el  abogado defensor señaló las tres causales bajo las cuales se puede suspender los plazos de duración del proceso que son: situaciones fortuitas, fuerza mayor o porque la defensa pida la reprogramación de la audiencia correspondiente.