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Trece días le llevó a la Fiscalía darse cuenta que el líder campesino Ronald Iván Henríquez Delgado, de 37 años, debió ser procesado en el juzgado Local Penal de Buenos Aires, Rivas y no en los tribunales capitalinos.

Este jueves, la fiscal auxiliar, Jahaira López Fonseca, pidió a la jueza Séptimo Local Penal de la capital, María Lourdes Corea, se declarara incompetente jurisdiccionalmente para conocer del juicio promovido contra el dirigente campesino.

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El Ministerio Público le imputa a Henríquez el delito de portación ilegal de armas y aunque la mayoría de juicios de manifestantes se realizan en Managua, la representante del Ministerio Público expresó que pedía trasladar el juicio a Rivas “tomando en cuenta que no se trata de hechos de relevancia nacional, que no existe pluralidad de hechos (delitos) ni se trata de un hecho grave”.

La petición fue hecha por la Fiscalía antes que iniciara la audiencia inicial para Henríquez, quien antes de ser llevado a los tribunales capitalinos por primera vez, el sábado 26 de enero del año en curso, estuvo preso varios meses en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

Ronald Henríquez Delgado fue  capturado por la Policía el 26 de noviembre en Buenos Aires, Rivas al encontrarle presuntamente un rifle de cacería calibre 22, refirieron sus parientes.

Dos meses de detención ilegal

Durante los 60 días de encierro en las cárceles de El Chipote, Henríquez no recibió maltrato físico, pero sí sicológico, refirió una pariente que esperó el resultado de la audiencia de este jueves en las afueras del Complejo Judicial Central Managua.

Al procesado, le mintieron durante los interrogatorios, haciéndole creer que su madre y hermana también estaban detenidas para tratar de arrancarle una confesión.

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“(Ronald Henríquez) nos dijo que en El Chipote no lo golpearon, pero sí le decían que se declarara culpable, que dijera dónde estaban las armas; que aceptara su culpa para que pusieran libre a su mamá y su hermana”, refirió la entrevistada, quien recalcó que ningún otro pariente del reo estuvo en prisión.

El abogado defensor, Boanerges Fornos, aunque estuvo de acuerdo con la resolución de la jueza Lourdes Corea de declararse incompetente por territorialidad, señaló que la decisión de petición solo tiene el propósito de debilitar a la defensa.

“La Fiscalía sabía desde la audiencia que usted no es la competente para conocer de este caso, pero espero hasta hoy (jueves) para  pedir la incompetencia, con el propósito de desgastar al acusado y a la defensa”.

Protesta de la defensa

El abogado defensor protestó porque la jueza Corea, al declararse incompetente para seguir conociendo del proceso, también decretó la suspensión del plazo máximo del proceso, que es de 30 días con  procesado en prisión.

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“Con todo respeto le digo que la incompetencia jurisdiccional no está entre las causales que el Código Procesal Penal (CPP) establece para que se suspendan los plazos máximos de duración del proceso”,  reclamó el abogado defensor a la judicial Corea.

Seguidamente, el defensor señaló las tres causales bajo las cuales se pueden suspender los plazos de duración del proceso que son situaciones fortuitas, fuerza mayor o porque la defensa pidió la reprogramación de la audiencia correspondiente.