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A pesar de las advertencias de policías para que los detenidos no los denunciaran, hay al menos 250 casos recibidos por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), solo en enero.

La mayoría de quejas son por asedio, persecución y amenazas tanto policiales como de grupos afines al partido gobernante.

La doctora Carla Sequeira, coordinadora del área de recepción de denuncias de CPDH, señaló que están elaborando el informe mensual, pero preliminarmente se contabilizan 250 denuncias tanto en Managua, como en sus delegaciones departamentales.

Comparado con el año pasado, el reporte es menor al promedio de 500 denuncias registradas mensualmente de abril a noviembre.

“Conocemos que esta baja tiene que ver con las amenazas que reciben los familiares de detenidos por parte de la policía en El Chipote o en el SPN, que si recurren a denunciar a las organizaciones de derechos humanos, al detenido le irá peor”, dijo Sequeira. Los familiares que denunciaron  indicaron que no lo hicieron de inmediato por la intimidación.

“Nosotros recomendamos que denuncien. Lo que nosotros hacemos es dar apoyo legal, redactar la carta de exhibición personal y presionar para que se sigan los procedimientos legales cuando una persona ha sido detenida”, explicó la coordinadora del área de denuncias de la CPDH.

“La mayoría (un 70% de las denuncias) están vinculadas a personas que participaron en las protestas o que han criticado al Gobierno. Una cantidad menor es contra el sistema penitenciario y el resto están fuera de este ámbito”, comentó la doctora Sequeira, considerando que estos últimos son problemas que se pueden denominar “comunes”.

Sequeira indicó que igual que en el informe del año pasado donde se expuso que 86% de denuncias fueron en contra de la Policía.

Destacó que el asedio, la intimidación, las detenciones ilegales y amenazas de muerte, son las razones recurrentes por las cuales la población denuncia, de las cuales 37 reportan que no hubo orden de captura.

En el caso del SPN, las quejas están encaminadas a la falta de atención médica y el acceso a medicamentos. “Los guardas les pueden dejar pasar las medicinas a los familiares, pero la cuestión es la falta de entrega de estas a los privados de libertad”, dijo Sequeira.