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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), condenaron el allanamiento ocurrido la mañana de este jueves contra las oficinas de Red Local, una organización que aglutina a varias ONG.

Tras el allanamiento ordenado por el Ministerio de Gobernación fueron retenidos dos trabajadores del organismo, los que fueron liberados en horas de la tarde.

“El Estado de Nicaragua debe cesar estas acciones de persecución y así permitir, no solo el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos, sino las condiciones apropiadas para un diálogo democrático”, escribió la CIDH en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), se pronunció en su cuenta de Twitter condenando “los allanamientos de oficinas e incautación de bienes de la Red Local, aparentemente realizados sin las debidas formalidades legales por autoridades del Ministerio de Gobernación de Nicaragua”.

Amaru Ruiz, coordinador de la Red Local, informó que la administradora, Regillene López, y el contador Eduardo Maya, que estuvieron retenidos en el Ministerio de Gobernación, se encuentran bien físicamente.

Agregó que todo el personal de la ONG está bajo presión por las autoridades para que no brinden declaraciones sobre cómo ocurrió el allanamiento en las instalaciones de Red Local, en Managua.

El coordinador de la Red Local también denunció que los oficiales se llevaron documentación de la organización, la caja fuerte y un vehículo.

“Hacemos un llamado a organizaciones de la sociedad civil a que protejan sus documentos legales porque seguramente van a continuar con la persecución de las organizaciones que trabajan con la sociedad civil, a como ya lo hicieron anteriormente con otros nueve organismos”, expresó Ruiz.

Añadió que la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local es una organización que aglutina más de 22 organizaciones en 111 municipios del país que trabajan en proyectos destinados a la sociedad civil.

Otra fuente que prefirió el anonimato declaró a El Nuevo Diario que cree que las causas del allanamiento son por una serie de señalamientos, en los que se les acusa de recibir dinero para financiar a campesinos que se oponen a la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua.

Amaru Ruiz, quien también es presidente de la Fundación del Río, una de las nueve OGN a las que la Asamblea Nacional de Nicaragua les canceló la personería jurídica y sus oficinas fueron allanadas por la Policía Nacional en diciembre pasado, se encuentra fuera de Nicaragua, tras recibir una serie de amenazas en su contra.