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El recurso contra el Estado de Nicaragua por la reelección presidencial de Daniel Ortega en 2011, el cual presentó el excandidato presidencial y empresario radial Fabio Gadea Mantilla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ingresó oficialmente a la etapa de fondo.

En esta nueva etapa, la CIDH decidirá si hubo o no violaciones a los derechos humanos de la víctima y el caso podría culminar con la aprobación de un “informe de fondo”, que puede incluir recomendaciones al Estado y su posterior envío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica.

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La comisionada de la CIDH, Antonia Urrejola, explicó que usualmente estos son procesos “demasiado” extensos, debido al cúmulo de casos que tiene la comisión, pero en dependencia de lo que se determine, se remite a la Corte IDH.

El experto en Derecho Internacional, Róger Guevara Mena, explicó que la admisibilidad de la petición no supone una sentencia, sino que da pase a la siguiente etapa, en la cual el Estado tiene que responder, y la parte peticionaria tiene que demostrar los hechos.

“Es una acción política, puesto que el tiempo se agotó, pero la violación al derecho persiste y simplemente lo que hay es una idea de descalificar ese resultado y descalificando esto, se pueden descalificar los posteriores. Hay un señalamiento a un proceso ilegal, a un resultado ilegal”, dijo Guevara Mena.

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Por su parte, el experto en derecho penal y exprocurador de la República, Alberto Novoa, señaló que en esta etapa la víctima está obligada a demostrar los hechos.

“Este es un trámite administrativo (…). Si hay mérito, la Comisión Interamericana lo envía a la Corte Interamericana; ahí si hay una controversia, ahí es llamado el Estado de Nicaragua”, afirmó Novoa.

Otros conocedores del derecho opinaron que ante un resultado de la Corte IDH, el Estado está en la obligación de cumplir cualquier sentencia, por ser parte de los Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los hechos

Gadea Mantilla, quien se postuló en 2011 como candidato presidencial por la Alianza Partido Liberal Independiente (PLI), presentó la denuncia contra el Estado el 5 de octubre de 2011, invocando violaciones a sus derechos políticos, igualdad ante la ley y de protección judicial.

En su petición ante la CIDH, el empresario radial explicó que el 1 de abril de 2011, junto a otros candidatos, presentó un recurso de impugnación de candidatos a presidentes, alegando que el artículo 147 de la Constitución, vigente en ese tiempo, le prohibía la reelección a Ortega.

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El Consejo Supremo Electoral, sin embargo, no dio pase al recurso de impugnación presentado por Gadea Mantilla, amparándose en una sentencia del 2009 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que confirman el derecho de Ortega de participar en las elecciones de 2011.

Gadea Mantilla, quien alegó en su petición una violación al derecho de “protección judicial”, fue consultado por El Nuevo Diario este jueves y evitó hacer comentarios sobre el tema, aduciendo que primero debe reunirse con sus abogados.

“No quiero presentar declaraciones sin tener una base más sólida”, manifestó el empresario radial.

Posición oficialista

El Estado, que fue notificado el 5 de septiembre de 2017, alegó que la petición no cumplía con los recursos de admisibilidad contemplados en el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esta primera fase, el Estado también señaló que la petición es “extemporánea”, ya que fue presentada 13 meses después de la decisión de la CSJ que resolvía el amparo constitucional presentado por Ortega.

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La parte peticionaria de este caso, con posterioridad informó a la CIDH que la Asamblea Nacional había modificado los artículos 146 y 147 de la Constitución, permitiendo la reelección indefinida.

Sobre esto, la CIDH dice que “se trataría de una aprobación ilegítima y una muestra de la coaptación de poderes por parte del Poder Ejecutivo”.

Asimismo, Gadea Mantilla notificó que para las elecciones de 2016 se abolió a los partidos de oposición, incluyendo el PLI.

La decisión de la CIDH

Pese a los alegatos del Estado, la CIDH concluyó que la petición de Gadea Mantilla fue presentada “oportunamente, dando por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación”.

“La CIDH le da paso porque es una violación a una orden constitucional, una violación a los derechos ciudadanos, y le da paso a un acto que se consumó también ilegal”, puntualizó el jurista Róger Guevara Mena.

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La comisión señala en su informe que la afectación a los derechos políticos de Gadea Mantilla para presentarse como candidato en igualdad de condiciones, podría caracterizar violaciones a las garantías judiciales y de igualdad ante la ley.

Una vez listo el informe de fondo, tanto el Estado como la parte peticionaria o víctima, serán notificadas en estricta confidencialidad.